66% aprueva. El Comercio 17/2/08
ENCUESTA NACIONAL URBANA DE EL COMERCIO ELABORADA POR IPSOS APOYO
Un 66% aprueba concesiones alrededor de zonas arqueológicas
Por Rocío La Rosa Vásquez
Desde el jefe del Estado, pasando por el Poder Judicial y el Legislativo, hasta diversos analistas políticos opinaron sobre el caso de la fiscal Luz Loayza. Faltaba la voz del peruano común. Según el último sondeo nacional de El Comercio realizado por Ipsos Opinión y Mercado, el 63% discrepa con la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público que resolvió que Loayza vuelva a Maynas pese a las amenazas contra su vida, luego de que en el 2005 solicitara la captura del narcotraficante Fernando Zevallos. Los entrevistados no solo se solidarizan con Loayza, sino que advierten que el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones del Estado.
El ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, considera que los casos más preocupantes son los de la Policía Nacional (40%) y el Poder Judicial (31%). Le siguen las FF.AA. , el Gobierno y el Congreso. No quedan bien paradas las organizaciones cocaleras (36%) y los gobiernos locales (37%). "La mayoría de la población percibe también lo que los líderes políticos y los altos funcionarios no quieren ver o fingen no ver. La infiltración del narcotráfico ha llegado a niveles alarmantes en las instituciones del Estado, sobre todo entre los encargados de combatirlo", anota Rospigliosi.
UNA MIRADA AL 2011
En contraposición al anhelo presidencial de que el Apra siga en el poder después del 2011, un 46% ha manifestado que definitivamente no volvería a marcar la estrella para presidente y 12% que probablemente no lo haría. La opción voceada como candidato del oficialismo es Jorge del Castillo, pero los resultados no lo favorecen.
Luis Castañeda, Lourdes Flores y Keiko Fujimori siguen primeros en las simpatías. Alejandro Toledo repunta. El rótulo de "perseguido político" estaría dándole resultados.
ENFOQUE
ALFREDO TORRES. Ipsos Apoyo Opinióny Mercado
Una buena ley mal vendida
Dos de cada tres entrevistados tienen una opinión favorable de la ley que autoriza la entrega en concesión de terrenos en los alrededores de las zonas arqueológicas y monumentales. La mayoría cree que será beneficiosa para el turismo, el empleo, los ingresos de los pobladores de la zona, incluso, la conservación del patrimonio cultural. Las actitudes más favorables se encuentran en las ciudades de la costa y la selva.
En cambio, uno de cada tres entrevistados respalda las manifestaciones y huelgas anunciadas por dirigentes cusqueños en contra de esta iniciativa. Las posiciones de mayor rechazo se presentan en la sierra sur y, en menor medida, en otras localidades serranas. La mayoría respalda la ley siempre que el INC y las autoridades locales aprueben la inversión. ¿Por qué resultan insuficientes estas condiciones para un amplio sector de los cusqueños? Ciertamente pasa por un problema de orgullo y otro de confianza.
Muchos cusqueños se sienten ofendidos por no haber sido consultados apropiadamente para la elaboración de esta ley, que perciben impuesta desde Lima, y desconfían profundamente de que las autoridades que otorgan las concesiones y los empresarios que hagan las inversiones sepan proteger el patrimonio y actuar en beneficio de los pobladores locales.
Ahora, solo queda esperar que los cusqueños recapaciten, desistan de su perjudicial medida de fuerza, y analicen con menos prejuicios una ley que podría favorecerlos. Para los políticos y funcionarios limeños, en cambio, esta nueva frustración debe hacerlos tomar conciencia de que deben tratar con más prudencia y espíritu concertador los temas que afectan al interior del país.
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