Porcentajes de un crimen. La Primera, 23/5/08
Porcentajes de un crimen
Por Cesar Levano. Director
El presidente Alan García y sus mastines de prensa buscan defender lo indefendible: la intención de destruir las comunidades de la sierra y la selva mediante la venta de sus tierras “en grandes lotes”, intención anunciada por García el 28 de octubre del 2007 en su serie “El síndrome del perro del hortelano” y plasmada en el Decreto Legislativo 1015 del martes último.
García justifica el Decreto alegando que lo que se ha hecho es unificar a todas las comunidades con el sistema que existe en la costa: “se toman decisiones con el 50% de los presentes en la asamblea”.
Precisamente en eso consiste el crimen, el deliberado crimen. No son lo mismo las comunidades de la costa y las de sierra y selva. Las primeras han sido corroídas por el despojo o por el proceso de pugnas internas y por la vinculación creciente con el desarrollo capitalista, cuya nota típica es el individualismo.
En virtud de ese proceso, en la costa existen muchas seudocomunidades. Una buena prueba puede ser Asia (Eshia, según la fonética pituca). Allí, hasta ciertos narcotraficantes pueden resultar comuneros. Ese tipo de socios no ha empuñado en su vida una lampa y no vive todo el año en el campo. Una ley anterior decidió que en esta área basta el 50% para definir el destino (la venta) de las tierras.
En la sierra y en la selva la realidad es distinta. Allí la mayoría de los comuneros laboran y viven en el suelo. Pueden fácilmente acudir a asamblea. Además, pese a procesos de diferenciación interna, pesa allí el valor solidaridad.
Esa es la realidad terráquea. Existe, además, la superestructura jurídica del país. Una pregunta sirve para desenmascarar la aberración y la arbitrariedad del Decreto alanista: ¿en qué empresas del Perú se permite que el 50% defina el destino y la propiedad de los bienes?
Un agravante de este nuevo crimen antiagrario es que da a los posesionarios de tierras comunales “por más de un año” (pueden tener 366 días en la comunidad) el derecho de participar en las asambleas que decidirían la venta de tierras y aun la desaparición de la comunidad.
El presidente que cree que el Perú puede ser sede de los Juegos Olímpicos del 2016 supone que puede ignorar olímpicamente la realidad. No hace falta ser un pájaro de mal agüero para saber que se va a estrellar contra un muro; es decir, contra la voluntad, la unidad y la fuerza de los campesinos.
El presidente García debiera ser más prudente no sólo sobre las Olimpiadas, que exigirían inversiones de decenas de miles de millones de dólares. Debería tener presente también que muchos peruanos creen que él tiene acciones en Leche Gloria y, por lo tanto, interés en Casagrande. Su crimen contra el agro resultaría monstruoso si se comprobara que legisla en beneficio propio, mediante testaferros.
Por Cesar Levano. Director
El presidente Alan García y sus mastines de prensa buscan defender lo indefendible: la intención de destruir las comunidades de la sierra y la selva mediante la venta de sus tierras “en grandes lotes”, intención anunciada por García el 28 de octubre del 2007 en su serie “El síndrome del perro del hortelano” y plasmada en el Decreto Legislativo 1015 del martes último.
García justifica el Decreto alegando que lo que se ha hecho es unificar a todas las comunidades con el sistema que existe en la costa: “se toman decisiones con el 50% de los presentes en la asamblea”.
Precisamente en eso consiste el crimen, el deliberado crimen. No son lo mismo las comunidades de la costa y las de sierra y selva. Las primeras han sido corroídas por el despojo o por el proceso de pugnas internas y por la vinculación creciente con el desarrollo capitalista, cuya nota típica es el individualismo.
En virtud de ese proceso, en la costa existen muchas seudocomunidades. Una buena prueba puede ser Asia (Eshia, según la fonética pituca). Allí, hasta ciertos narcotraficantes pueden resultar comuneros. Ese tipo de socios no ha empuñado en su vida una lampa y no vive todo el año en el campo. Una ley anterior decidió que en esta área basta el 50% para definir el destino (la venta) de las tierras.
En la sierra y en la selva la realidad es distinta. Allí la mayoría de los comuneros laboran y viven en el suelo. Pueden fácilmente acudir a asamblea. Además, pese a procesos de diferenciación interna, pesa allí el valor solidaridad.
Esa es la realidad terráquea. Existe, además, la superestructura jurídica del país. Una pregunta sirve para desenmascarar la aberración y la arbitrariedad del Decreto alanista: ¿en qué empresas del Perú se permite que el 50% defina el destino y la propiedad de los bienes?
Un agravante de este nuevo crimen antiagrario es que da a los posesionarios de tierras comunales “por más de un año” (pueden tener 366 días en la comunidad) el derecho de participar en las asambleas que decidirían la venta de tierras y aun la desaparición de la comunidad.
El presidente que cree que el Perú puede ser sede de los Juegos Olímpicos del 2016 supone que puede ignorar olímpicamente la realidad. No hace falta ser un pájaro de mal agüero para saber que se va a estrellar contra un muro; es decir, contra la voluntad, la unidad y la fuerza de los campesinos.
El presidente García debiera ser más prudente no sólo sobre las Olimpiadas, que exigirían inversiones de decenas de miles de millones de dólares. Debería tener presente también que muchos peruanos creen que él tiene acciones en Leche Gloria y, por lo tanto, interés en Casagrande. Su crimen contra el agro resultaría monstruoso si se comprobara que legisla en beneficio propio, mediante testaferros.
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