García provoca ira y lucha campesina. La Primera, 22/5/08
Garcia provoca ira y lucha campesina
La dación del Decreto Legislativo 1015, que propicia la venta de tierras de comunidades campesinas andinas y selváticas, provocó ayer el rechazo de varios sectores de la oposición que buscarán la derogatoria de la norma y advirtieron que, de no lograrlo, el país vivirá grandes protestas sociales.
“Alan García le está echando gasolina a una pradera que está a punto de arder”, sostuvo
el congresista Róger Nájar ayer, al enterarse que el presidente García dijo que el DL 1015 tiene la finalidad de mejorar la producción y competitividad de las comunidades campesinas y nativas.
Nájar recordó que tanto las dos cumbres amazónicas como la Cumbre de los Pueblos se han opuesto a esta ley, que hasta el martes era sólo un proyecto (el Nº 1992) que no había logrado consenso. Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Amazónicos y Afroperuanos, reveló que, por carecer de consenso, el citado proyecto fue archivado por decisión de la mayoría de los miembros de su comisión.
Para el congresista Isaac Mekler lo que ha hecho el presidente García es "fomentar una infinidad de protestas sociales". "La propiedad de las tierras corresponde a los campesinos y tienen derecho de reclamar. Esta es una ley mal dada, anticonstitucional y peligrosa, que atiza la violencia y que debe ser derogada de inmediato" indicó.
La congresista Yaneth Cajahuanca resaltó que la norma, que afecta a más de 2 millones de comuneros, provocará protestas sociales. Su colega Juana Huancahuari advirtió que García le declaró la guerra a las comunidades.
A su vez, Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, dijo que la intención del gobierno es “desaparecer a las comunidades campesinas y nativas, para despojarnos de nuestras tierras. Es un claro desafío que nos ha lanzado”.
Susana Grados Díaz
Redacción
Derogatoria
Para que se pueda derogar el DL. 1015, la comisión revisora de la Comision de Constitución debe emitir una opinión contraria al referido dispositivo y derivarolo al pleno del Congreso, donde se necesita la mayoría simple para eliminarlo.
La dación del Decreto Legislativo 1015, que propicia la venta de tierras de comunidades campesinas andinas y selváticas, provocó ayer el rechazo de varios sectores de la oposición que buscarán la derogatoria de la norma y advirtieron que, de no lograrlo, el país vivirá grandes protestas sociales.
“Alan García le está echando gasolina a una pradera que está a punto de arder”, sostuvo
el congresista Róger Nájar ayer, al enterarse que el presidente García dijo que el DL 1015 tiene la finalidad de mejorar la producción y competitividad de las comunidades campesinas y nativas.
Nájar recordó que tanto las dos cumbres amazónicas como la Cumbre de los Pueblos se han opuesto a esta ley, que hasta el martes era sólo un proyecto (el Nº 1992) que no había logrado consenso. Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Amazónicos y Afroperuanos, reveló que, por carecer de consenso, el citado proyecto fue archivado por decisión de la mayoría de los miembros de su comisión.
Para el congresista Isaac Mekler lo que ha hecho el presidente García es "fomentar una infinidad de protestas sociales". "La propiedad de las tierras corresponde a los campesinos y tienen derecho de reclamar. Esta es una ley mal dada, anticonstitucional y peligrosa, que atiza la violencia y que debe ser derogada de inmediato" indicó.
La congresista Yaneth Cajahuanca resaltó que la norma, que afecta a más de 2 millones de comuneros, provocará protestas sociales. Su colega Juana Huancahuari advirtió que García le declaró la guerra a las comunidades.
A su vez, Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, dijo que la intención del gobierno es “desaparecer a las comunidades campesinas y nativas, para despojarnos de nuestras tierras. Es un claro desafío que nos ha lanzado”.
Susana Grados Díaz
Redacción
Derogatoria
Para que se pueda derogar el DL. 1015, la comisión revisora de la Comision de Constitución debe emitir una opinión contraria al referido dispositivo y derivarolo al pleno del Congreso, donde se necesita la mayoría simple para eliminarlo.
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