Gobierno se lanza contra comunidades. La Primera. 21/5/08

Este es uno de los más graves atentados contra las comunidades campesinas y el patrimonio cultural vivo del Perú. El gobierno desconoce la naturaleza de la produccion agraria y campesina y las mismas relaciones sociales andinas o amazonicas, dictando normas a pedido de las trasnacionales y los intereces economicos puros de los grandes capitales. La historia del Perú contempraneo afronta hoy como nunca las acometidas neoliberalistas de un gobierno que reniega de su pasado originario y campesino, que desprecia su naturaleza indigena y que pretende convertir el pais en un paraiso comercial e industrial sin naturaleza, antropologia, o arqueología nativas; tal como la America o la Europa industrialista. Este estado desconce y reniega de su pasado porque es la esencia viva de la identidad colonial superstite, la raíz más profunda del centenario racismo y desprecio europeo por nuestra raza milenaria. Un gobierno con un conflicto de identidad socio cultural como el nuestro jamás va a normar a favor del Perú ni de los peruanos.

GT
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El Decreto Legislativo 1015, aparecido ayer en el “El Peruano” extiende el régimen fujimorista para la propiedad agraria de la costa a la sierra y a la selva.

Gobierno se lanza contra comunidades

Las leyes del TLC se están viniendo como huayco sobre diversos sectores de la sociedad peruana. Todos los perros del hortelano que marcó el presidente en sucesivos artículos en su diario favorito, están empezando a recibir una purga legislativa generada en el poder ejecutivo y que apunta en la única dirección que nuestro presidente considera válida: atraer grandes inversiones, acabar con villorrios y parcelas pequeñas de baja escala de producción y con ideas y tradiciones que no se ajustan al ritmo de la globalización.

El Decreto Legislativo 1015, “que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y productividad”, según su interminable título”, es una pieza acabada de la doble vara con la que los neoliberales peruanos, con el presidente García a la cabeza, miden la propiedad, ya sea si se trata de la grandes empresarios mineros, agroexportadores o forestales, o de campesinos comuneros. Como advierte el dirigente de Conveagro-Piura, Andrés Luna Vargas, ninguna organización nacional o regional de comunidades solicitó la llamada unificación con el procedimiento que rige a la costa y que fue impuesto en la década de los 90 por Absalón Vásquez, Boloña, Chlimper y otros.

¿Acaso para mejorar la producción y competitividad de otros sectores privados se les dictan leyes regulando los procedimientos de venta de sus acciones y activos?, ¿por qué el gobierno se considera con la autoridad de normar las asambleas de las comunidades que son órganos autónomos, que no dependen del Estado?, pregunta Luna Vargas, quien también fue presidente de la Confederación Campesina del Perú. Es un abuso sin nombre que se pretenda que una minoría de comuneros, bajo la forma de “no menos del 50% de los asistentes a la Asamblea”, puedan decidir sobre la propiedad de la comunidad. Eso se presta para que 30 o 40 por ciento decidan una venta de las tierras comunales a una mina, a un hacendado o a una empresa maderera.

Las comunidades son entidades que tienen sus reglas, anota Luna Vargas. Este decreto sólo apunta al interés de terceros que pudieran interesarse en la propiedad de la tierra. Pero es tan irresponsable que su consecuencia va a ser no sólo extender la gran propiedad, sino anarquizar la organización de las comunidades y la explotación en distintos pisos ecológico. Es una ley hecha por gente que no conoce el país, concluyó.

Alan García, verdugo de Comunidades Campesinas

El secretario general colegiado de la Confederación Campesina del Perú (CCP) sostuvo ayer que el presidente García, con el Decreto Legislativo 1015, se declara como el verdugo y destructor de la más auténtica y ancestral forma de organización rural: las comunidades de sierra y la selva.

Sostuvo que, hipócritamente este decreto señala que es ‘para mejorar la producción y competitividad agropecuaria”. Solo, sostuvo, aquel que desconoce el Perú profundo puede afirmar tanta mentira. “No exageramos en la CCP cuando desde las comunidades campesinas calificamos al presidente García como lulla (mentira en quechua)”, sostuvo.

Asimismo dijo que el DL 1015 es un atentado contra seguridad alimentaria y el territorio de las comunidades. “Este decreto es para favorecer a los importadores de la industria alimentaria, los grupos del poder minero, así como los que pretenden apoderase de los bosques de la Amazonía.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

DATO

El DL 1015 dictamina que para la adquisición en propiedad de tierras por comuneros dentro de su propia comunidad, requerirán el voto a favor de no menos del 50% de los demás comuneros, lo que se acredita con un documento extendido por la comunidad.

Para la adquisición por terceros, arrendamiento o cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales, se necesita sólo una mayoría asamblearia