viernes, 23 de mayo de 2008

La ley anticomunera, un nuevo crimen de García. La Primera, 23/5/08

Los campesinos preparan lucha y sacrificio para combatir al Decreto Legislativo 1015.

La ley anticomunera, un nuevo crimen de García

Ha tenido el desparpajo el señor presidente de decir que el DL 1015 es una medida para acabar con una “suerte de racismo selectivo” que impedía a los campesinos indígenas de la sierra y selva hacer lo que podían los mestizos de la costa. Gruesa mentira, porque ya la ley costera dictada por Fujimori fue atentatoria contra la autonomía comunal y fuente de conflictos intracomunales, decidida en función de los intereses de la expansión de empresa agroexportadoras y contra la pequeña propiedad y la organización comunal.

Cuestionamientos a la ley anticomunera de García:

1. Determina por vía de decreto un conjunto de procedimientos que inciden sobre las decisiones internas de las comunidades, que no serían aceptables en los directorios o juntas de asociados de empresas u otras entidades del sector privado.

2. Promueve la división interna de la comunidad en el punto que les resulta más sensible que es el de la tierra y los bienes comunes, haciendo posible que una minoría que circunstancialmente maneje una Asamblea pueda dañar irreversiblemente los derechos colectivos.

3. Dispone un trato diferenciado e inexplicable a las transacciones en el interior de la comunidad, que requieren el voto a favor de no menos del 50% de los “posesionarios” de la comunidad; y las que se harían con terceros que necesitarían solamente del voto mayoritario de los asistentes a una asamblea (posesionarios y no posesionarios).

4. En la actual situación las comunidades tienen muchos “no posesionarios” que podrían representar una parte importante de las asambleas y decidir sobre lo que no poseen, en estricta aplicación del DL 1015, afectando el patrimonio comunal.

5. La experiencia de la costa muestra que este sistema de asambleas que deciden sobre la propiedad, en vez de someter cualquier cambio importante a todos los miembros de la comunidad, se presta a diversas manipulaciones promovidas por empresas y ex hacendados para apoderarse de las tierras.

6. La totalidad de organizaciones agrarias del país se han manifestado contra el DL 1015, que más parece originado en la CONFIEP y la Sociedad de Minería.

7. La relación que esta norma puede tener con el TLC, es la de “atraer inversiones”, lo que indica que está hecha en función del interés privado y transnacional y no del interés de las comunidades.

DETALLE

La Confederación General de Trabajadores del Perú respaldó a las organizaciones campesinas que han decidido hacerle frente al Decreto Legislativo 1015. La CGTP sostuvo que este decreto beneficiará a las transnacionales, principalmente mineras, que, como en el caso de Majaz, pretenden iniciar proyectos que se contraponen a la decisión de los campesinos.

El gobierno, dice la CGTP, vuelve a incumplir sus promesas electorales perjudicando a las grandes mayorías que siguen sin percibir el crecimiento económico, lo que propiciará mayores conflictos sociales e inestabilidad política.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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