martes, 27 de octubre de 2015

Para que el D.L. 1198 funcione necesita una serie de garantías y condiciones. la Mula, 21/10/15

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“Para que el D.L. 1198 funcione necesita una serie de garantías y condiciones que el Ministerio de Cultura no cumple”


TVRobles conversó con el presidente de Icomos Perú, Alberto Martorell Carreño, para conocer más sobre las posturas surgidas en cuanto al Decreto Legislativo 1198, promovido por el Ministerio de Cultura, que permite la administración de sitios arqueológicos por el sector privado.

Por: Patricia Delgado Páez.
Ante la preocupación de diversas entidades públicas por el futuro de nuestro patrimonio y tras los recientes acontecimientos dentro del sector cultura del país, TVRobles conversó con Alberto Martorell, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos-Perú) quien nos habló sobre el panorama actual del Patrimonio Cultural; así como de la posición, propuestas y exigencias de Icomos frente al Decreto Legislativo 1198 que promueve la administración de los sitios arqueológicos a través de los “Convenios de Gestión Cultural”.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual del patrimonio cultural del país?
La situación del Patrimonio del Cultural del país en general, tanto en el caso del prehispánico, como el de épocas posteriores, por ejemplo en el caso del Republicano (siglo XX de Lima), es que está desapareciendo a un ritmo realmente preocupante.
¿Esto a qué se debería?
Es un problema complejo. Por algún motivo, nosotros como sociedad, no llegamos a entender, reflexionar, sobre nuestros elementos identitarios con la contundencia que se debería y requiere. Hay una serie de falencias, de falta de compromiso con la sociedad, cultura y valores que se reflejan en el no saber reconocer la importancia del patrimonio cultural y eso es mucho más grave de lo que podemos pensar. No se trata de cosas de la antigüedad, se trata de cosas que también son de nuestro presente, y allí es donde se da el sentido social, lo que hace que un país funcione como sociedad, como conjunto, como proyecto nacional y eso lamentablemente no se está entendiendo: el patrimonio cultural es el espacio público simbólico que es el que llevamos dentro, lo deberíamos llevar dentro y es el que nos permite reconocer en el otro parte de nosotros mismos.
¿A través del tiempo ha notado la preocupación por el cuidado del patrimonio por parte del Estado?
No. El Estado ha tenido un rol muy tímido y ahora aún más. En los últimos años ha tenido un rol negativo hacia el patrimonio. Tiene algo que ver con el discurso que el presidente Humala suele dar a los alcaldes donde les advierte que si ellos gastan dinero en monumentos van a recibir algún tipo de sanción o él no les va dar dinero para gastar en ello. Y en realidad es cierto que debido a una falta de política durante los últimos años se han hecho una serie de monumentos de dudosa calidad estética y simbólica; pero eso no significa que el monumento sea una cosa inútil. El monumento habla de lo que se puede hacerse en una sociedad, destaca a los grandes personajes y nos dice “un peruano como ustedes a podido creer, crear, ser modelo, aportar al mundo”. Eso en cualquier país desarrollado es política de estado porque es justamente el que empodera principalmente a los jóvenes haciéndoles sentir que aquel mundo del que forman parte tiene posibilidades para cada uno de nosotros y el conjunto de la sociedad.
Por otro lado, respecto al Decreto Legislativo 1198 ¿cuál es su opinión?
Nosotros como Icomos hemos emitido un pronunciamiento que trata directamente sobre este tema el cual se ha dividido en diferentes secciones: Primero, partimos del panorama general del patrimonio cultural, principalmente prehispánico haciendo notar que no se está reconociendo el valor del patrimonio como nuestro principal valor diferencial en el mundo, lo que nos hace únicos en el mundo es nuestro patrimonio. Luego, hemos dado a conocer nuestra preocupación por una serie de factores que afectan la continuidad de este patrimonio a niveles sin precedentes: Ministerio de Cultura débil, serie de actos de destrucción y daños, visión del patrimonio cultural como traba para el desarrollo lo cual es un grave error, etc.
En ese caso. ¿Usted cree que el Ministerio de Cultura podría garantizar la efectividad de su trabajo como supervisor de las empresas que quieran participar?
Ese es el principal o uno de los principales vacíos que encontramos. Nuestro argumento hace un análisis de los alcances del D.L. 1198 y, en principio, no podemos decir que sea una idea rechazable. El problema es que para que funcione necesita una serie de garantías y condiciones que el Ministerio de Cultura no cumple. Por eso nosotros hacemos una serie de propuestas como medidas que contribuirán a crear un clima de confianza para la posible aplicación del D.L. 1198.
La ley 29164, propuesta en el 2007, tiene cierta similitud con el D.L. 1198. ¿Por qué cree que no se llegó a ejecutar aquella ley a pesar de ser más detallada?
Son dos formas distintas de entender la posibilidad de participación privada. En la ley de la época de Alan García se hablaba por ejemplo de la promoción de restaurantes y hoteles de cuatro o cinco estrellas. Esos supuestos modelos de desarrollo no es para nada beneficioso para el país en zonas donde la gente necesita puestos de trabajo, generar alternativas propias y estar profundamente vinculado con su patrimonio. En ese modelo el poblador local molesta. Entonces la lógica inicial con la que se plantea ambos casos son distintas: La primera, que felizmente no se llegó a ejecutar, es totalmente privatista donde el pensamiento esencial es qué negocio se puede hacer utilizando el patrimonio como excusa para negocio. En el D.L. 1198, que dependerá mucho de la reglamentación donde se supone que participarán muchos actores, la idea es primero que la responsabilidad sigue siendo del Estado.
En ese sentido ¿Cuál sería la diferencia entre una concesión y un convenio?
La diferencia en este caso es que se supone que el desarrollo del D.L. 1198 podría llevar a figuras como el de La Huaca del Sol y de la Luna donde a través de una fundación, una empresa privada u otras entidades públicas o internacionales han contribuido a un proceso de investigación de larga data que ha generado una alternativa de desarrollo científico del lugar, no una lógica de entrega para el negocio. Entonces, una vez que se cumple la premisa del desarrollo científico las posibilidades naturales que genera el sitio arqueológico para el desarrollo económico funcionan.
Si se piensa en generar de cualquier sitio un negocio se distorsionan las prioridades, se deja de investigar, se tiende a hacer restauraciones superficiales, se olvida la información y se genera una serie de factores por las que el mismo negocio fracasa porque no hay información suficiente, no hay algo que convoque la atención de los turistas, y si les presentamos un falso histórico el turismo mismo se siente estafado y dejan de asistir al lugar. Esto podría convertirse en una lógica de negocio. Por eso nosotros exigimos que se siga el modelo de la Huaca del Sol y de la Luna, que en todo caso de concesión haya la participación de una universidad especializada que sea una garantía que hay un contenido científico. Exigimos y pedimos que el Colegio de Arqueólogos se constituya de una vez por todas y se vuelva un actor de esta norma, y también que organizaciones científicas participen en el proceso. Bajo esa premisa la debilidad del Estado estaría suplida por entidades que garanticen. El modelo (de la Huaca del Sol y de la Luna) ha funcionado, es notable internacionalmente, ha sido premiado como el Mejor proyecto arqueológico del mundo. 
¿Cree ud. que el actual D.L. 1198 es poco específica?
Hay que entender que hay niveles de norma. La norma de nivel legal establece los principios en los que se crea la figura donde se dan los lineamiento básicos para la aplicación de una figura jurídica, el reglamento debe de entrar al detalle.
¿Entonces no es necesario que se contemple los conceptos dentro del D.L.?
Hay algunos puntos que no están suficientemente claros y nosotros lo señalamos. Por ejemplo, el término de “Convenios de Gestión Cultural” no existe en nuestra normativa siendo la figura legal. Entonces el reglamento tendrá que establecer qué es exactamente esto. Pero, por ejemplo, la ley sí ha dado la obligatoriedad del cumplimiento del RIA (Reglamento de Investigaciones Arqueológicas). Entonces se supone que hay un proceso científico garantizado, cómo se aplica eso en detalle lo dirá el reglamento, pero no puede salir de esa premisa. El RIA da pautas (…) pasos previos a cualquier tipo de acción sobre un patrimonio.  
Estamos pidiendo, además, que se cree una primera etapa de aplicación a través de proyectos piloto, que no se haga una apertura masiva sino que se elijan unos cuantos proyectos donde haya condiciones adecuadas para generar estas formas de administración parcial por parte de instituciones privadas y, en base a eso, se proceda a implementar posteriormente más casos.
Otra cosa que estamos diciendo es que “el candado” relativo que implica quelos bienes del Patrimonio Mundial se encuentren fuera de esto no es suficiente, además, suena un poco de confesión de parte pues ¿Por qué estos bienes no tendrían este sistema si “supuestamente” es bueno?Aparte de excluirse los doce sitios de patrimonio mundial que son poquísimos, pedimos que se establezca, por medio de los talleres y reuniones con los órganos regionales que vayan a participar, más lugares excluidos hasta demostrar la eficiencia del sistema. Hay que ser realistas, el Ministerio de Cultura ni el INC (Instituto Nacional de Cultura) en el pasado han tenido presencia alguna en gran parte del territorio nacional. ¿Quién está presente? El alcalde, la municipalidad distrital, etc. Pero nunca hemos hecho ningún esfuerzo como Estado para capacitar. Aunque las municipalidades tienen funciones claras respecto al Patrimonio Cultural, no se cumplen en su totalidad porque sabemos que muchos encargados de cultura no son expertos o tienen otro tipo de vínculos partidarios. Entonces, lo que debería haber hecho el Ministerio hace tiempo, y que ahora exigimos que lo haga, es capacitar a técnicos, arquitectos, arqueólogos en tema de gestión de patrimonio de tal modo que los municipios puedan comenzar a asumir responsabilidades.
Se han pronunciado voces en contra de este Decreto Legislativo porque se considera que habría un riesgo de privatización ¿usted cree que es posible?
No veo que haya riesgo real de privatización, pero es comprensible la actitud y la reacción porque tenemos un Estado que es casi absolutamente inoperante. El ejemplo más patético que tenemos es el del By Pass de 28 de Julio, se han violado todas las normas imaginables, pero para hablar solo del patrimonio: tenemos 32 sitios del patrimonio monumental en superficie sobre las que el Ministerio no ha dado ni una sola palabra y sin embargo han dado la autorización para que se realice el monitoreo arqueológico. Es decir, “no veo lo que está en mis narices” y me pregunto “oye por si acaso de repente hay algo arqueológico debajo de él”; eso resulta incluso grotesco. Si el Ministerio ha tenido esa incapacidad es lógico que desconfiemos de él, es parte de la realidad. Que nos garantice el Ministerio que va hacer cumplir las normas si no puede garantizarlo en el corazón de Lima, ¿qué sucederá en lugares alejados?.
Entonces ¿se podría decir que los “Convenios de Gestión Cultural” se pueden considerar como adecuada alternativa para solucionar esos problemas o no?
Depende de que superemos esa situación del Ministerio. Depende de que el Ministerio haga una reflexión suficiente para establecer los parámetros mínimos que garanticen realmente y eso implica por ejemplo que las universidades participen, que organizaciones científicas participen, que por fin tengamos un colegio de arqueólogos a nivel nacional; y, entonces, por lo menos con esos tres actores haya alguna suerte de consejo de supervigilancia que tenga la potestad de decir por acá no va y frenamos esto y además sanciones claras.
Ante ello ¿Se podría decir que el problema no es el Decreto Legislativo sino el Ministerio de Cultura?
Se podría decir que el problema es el grado de caos que hemos llegado en el sector cultura en general. La responsabilidad es múltiple, la sociedad misma no reacciona. Por ejemplo, la huaca de San Marcos no está bien cuidada. Allí están los arqueólogos y no solucionan el problema. La sociedad misma no soluciona el problema. En el sector cultura se debe de entender que el Estado es un actor más, solo nos representa. O todos asumimos un rol o el Estado nos representará en la medida de nuestra capacidad de exigirle cosas. 
Y la otra cosa patética es que sigue siendo el sector cultura profundamente dividido entre enemistades, no colaboramos, competimos y es lógico que la situación sea caótica.
Entonces nos queda solo esperar la reglamentación.
Nos queda exigir ser actores de lo que queda. Hubiera sido interesante que esto partiera de un diálogo previo.

Agradecemos habernos concedido la entrevista.

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