El D.L. 1198: ¿Hacia una Arqueología Peruana 3.0? Daniel Cáceda, Portal IIEST, 22/10/15
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El D.L. 1198: ¿Hacia una Arqueología Peruana 3.0?
El Decreto Legislativo 1198 que modifica el artículo 6.1 de la Ley 28296, promulgado el pasado 22 de septiembre, está generando en redes y en el mundo real, sobre todo aquel ubicado en Cusco, posiciones encontradas sobre su valides y aceptación.
Por mi formación, me referiré sólo al patrimonio arqueológico. En tal sentido, veo que la academia arqueológica es rebasada por pronunciamientos de autoridades públicas como el gobernador de Cusco Edwin Licona y el alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso, quienes han declarado una abierta oposición al Decreto. A ellos se suma la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC) quienes demandaron una marcha o paro, y recientemente, también lo hizo el Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) de la Región Sur Este- Cusco. Todos ellos han catalogado al Decreto en cuestión como “privatizador” del patrimonio, palabra que para algunos sectores de nuestra población genera pánico, por decirlo de algún modo.
La gestión del patrimonio arqueológico se encuentra hoy en manos del Estado a través del Ministerio de Cultura, el cual cuenta con 7 Unidades Ejecutoras que interviene monumentos arqueológicos y que han tenido para el año fiscal 2015, una asignación presupuestal (PIM) en conjunto que alcanza los S/. 207’226,035 (gasto corriente + gasto de inversión). La distribución se muestra en el siguiente cuadro:
Aún con estos montos, los recursos son insuficientes para proteger los más de 19 mil monumentos arqueológicos que hasta hoy el Estado ha registrado a lo largo del territorio peruano (faltando aún muchos miles). ¿Podríamos exigir más recursos para proteger e investigar nuestros sitios arqueológicos?, Sí. Pero, se han preguntado ¿cómo hacerlo? ¿Bastará con pronunciamientos, denuncias, campañas en redes sociales y artículos académicos para pedir mayor presupuesto al gobierno? El gobierno de turno responderá que sí, y tal vez, otorguen unos soles más, pero aun así no alcanzará; o podrían decir en las altas esferas del poder político y técnico, “bueno, ¿a qué sector recortamos?”.
Y mientras todo eso suceda, más sitios arqueológicos continuarán siendo destruidos, perdiéndose valiosa información científica, sólo por seguir defendiendo el principio que “nadie más que el Estado es responsable de financiar su protección y gestión”. A ello le llamaría, el “estatismo de la arqueología peruana”, o en términos digitales, la arqueología peruana en su versión 1.0.
Partiendo de la premisa que uno de los problemas de la protección y puesta en valor del patrimonio es la insuficiente disponibilidad de recursos públicos, brindo una evolución respecto a las fuentes de financiamiento de la arqueología, desde su aparición en el Perú:
Elaboración propia
Así, la arqueología 1.0, se caracteriza por utilizar un sistema de gestión y de políticas públicas en donde el patrimonio arqueológico se protege sólo con recursos del tesoro público y con fondos venidos de entidades académicas nacionales o extranjeras, aunque en este último caso, más reducidas y básicamente orientadas a la investigación
Una versión 2.0 de la arqueología peruana correspondería en un primer momento, a la intervención de fuentes de financiamientos y gestión por parte de fundaciones (casos de los sitios arqueológicos de la costa norte del Perú), o de fuentes públicas a través de proyectos especiales. Ambos con fines de investigación, conservación, promoción y dotar de infraestructura básica de servicios culturales, aunque de alcance limitado.
Posteriormente, se aprecia un resurgimiento desde el Estado, dado los buenos vientos económicos del país, en donde el financiamiento público crece exponencialmente a través de las Unidades Ejecutoras, e incluso se suman a ello, algunas iniciativas de inversión de gobiernos locales y gobiernos regionales.
Una arqueología peruana 3.0 es contar con una nueva estrategia para ampliar la protección y puesta en valor de los monumentos arqueológicos, en donde el Estado a través del Ministerio de Cultura, propone al capital privado convertirse en su aliado estratégico para impulsar inversiones que conviertan sitios arqueológicos olvidados y en peligro de destrucción, en núcleos de desarrollo económico y de irradiación de valores culturales, así como de procesos de investigación de mediano y largo plazo. Asimismo, en esta versión, los gobiernos regionales y municipalidades, además de universidades públicas, podrán financiar con mayor dinamismo e iniciativa, proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos de su área de influencia territorial o académica, generando con ello, un nuevo nivel de empoderamiento de gestión pública para el patrimonio arqueológico.
Los arqueólogos debemos de proponer alternativas innovadoras para un Estado limitado presupuestalmente. La inversión privada en los sitios arqueológicos es una forma de redistribuir las riquezas en favor de la arqueología y en consecuencia, a favor de las comunidades aledañas a los monumentos.
El proceso de reglamentación del DL. 1198 debe demostrar audacia. El capital privado que invierta en un sitio arqueológico debe de hacerlo no a través de un “convenio de gestión”, como lo han llamado, sino en el marco de la ley de Asociaciones Público Privadas – APPs (Decreto Legislativo 1012) y de la Ley de Obras por Impuestos (Ley 29230); aunque esto requerirá modificaciones en la reglamentación del artículo 17 de la Ley Nº 30264, “Ley que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico”, para que se incluya al sector cultura dentro de sus alcances. Bajo este esquema, la estructuración de la asociatividad es clave y debe aprovechar las experiencias existentes a nivel nacional e internacional. El capital privado podría escoger de participar en cualquiera de las fases de un proyecto: Diseñar, Financiar, Investigar, Conservar, Construir, Operar y Mantener.
Entonces, la gestión pública del patrimonio arqueológico podrá avanzar del “estatismo de la arqueología” (1.0) hacia un “asociativismo de la arqueología”(3.0), en donde el Estado no será ni pequeño ni grande, sino fuerte (con instituciones que vigilen, regulen y fiscalicen), eficiente, competitivo y predecible; asociado a un capital privado que sea “un buen capital”, o dicho de otro modo, “socialmente responsable”, que respete al ciudadano y sea un aliado estratégico del patrimonio cultural para la difusión de sus valores.
El “buen capital” buscará definitivamente un rédito económico, pero sobre todo, buscará posicionar su imagen institucional en el mercado nacional o internacional, al estar colaborando con el cuidado del patrimonio del Perú. Lareputación de una empresa hoy por hoy es un activo preciado, que le permite crecer en un mundo competitivo. El Estado, por otro lado, verá incrementado el valor social de muchos sitios arqueológicos (la percepción de la comunidad que el patrimonio arqueológico es un activo que le permite alcanzar una mayor calidad de vida), además de haber generado una nueva fuente de ingreso al fisco por mayor recaudación tributaria, como consecuencia de inversiones realizadas y por la dinámica económica que se dará en torno al monumento. Es decir, donde hubo un sitio arqueológico o un monumento histórico abandonado, ahora los peruanos obtendremos un eje generador de riquezas y, en su fin último, un espacio dinamizador de valores.
Las nuevas generaciones de arqueólogos y gestores culturales debemos ser capaces de romper con viejos prejuicios, que han y siguen perjudicando el ingreso a una gestión pública cultural moderna, como por ejemplo, incorporar en nuestro discurso que inversión privada en sitios arqueológicos es sinónimo de hoteles, restaurants, áreas de diversión, etc”. En mi caso, pienso que la inversión privada en sitios arqueológicos es igual a: Construcción u operación de museos, construcción u operación de centros de investigaciones, construcción de centros de interpretación, financiamiento de investigaciones arqueológicas y conservación de monumentos, entre otros. Todo esto, repetimos, con una buena estructuración de asociatividad, generaría más ingresos y valor social para la comunidad, para el inversionista y para el Estado.
Así, en ese caminar del proceso histórico del Perú, el patrimonio arqueológico es la manifestación tangible de nuestros logros y de la riqueza acumulada en 10 mil años de evolución cultural. Es la base de nuestro ADN social y el instrumento para diseñar un futuro sostenible. Pero todo ello no se consolidará, si insistimos en que el Estado continúe solitario…el buen capital es su aliado de cara al bicentenario. No perdamos la oportunidad de convertir a la arqueología en uno de los motores de desarrollo sostenible para el Perú…ya hemos perdido mucho tiempo.
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