“Perú juega a perdedor en el juicio contra Yale”. La República, 28/12/08
Pocos recuerdan que durante el gobierno de Alejandro Toledo el Estado peruano tuvo todo listo para iniciar la demanda contra la Universidad de Yale por las piezas que Bingham se llevó de Machu Picchu. Pero ni bien asumió Alan García, su gobierno desestimó aquellas gestiones e inició, casi en secreto, una desventajosa negociación con la casa de estudios norteamericana. Resultado: el llamado Memorándum de Entendimiento, donde el Perú pierde por 99 años el grueso de la colección. Dos años después la posición peruana vuelve a cero y el último 5 de diciembre se plantea en una corte de Washington DC la demanda contra Yale. Para comprender la oscilante historia de este proceso, nada mejor que una charla con el destacado arqueólogo Luis G. Lumbreras, ex director del INC (2002-2006).
Por Enrique Hulerig
–¿La posición peruana plantea la devolución de 46 mil piezas?
–Es impresionante que sigan insistiendo en eso. Esta vez ha sido el propio canciller. Yale ha vuelto a hablar de 4 mil piezas, pero la posición peruana afirma que son 46 mil. Esto es una barbaridad como punto de partida. Yale lo va a rebatir en un dos por tres. Es lo mismo que si arrojo al suelo una botella y se rompe en cien pedazos y luego digo no es uno lo que me deben sino cien. En Yale deben estar muertos de risa.
–Pocos saben que usted rechazó el Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding-MOU) que luego Garrido
Lecca firmó. ¿Cuáles fueron las circunstancias?
–En el anterior periodo, cuando se inició la gestión de devolución, los de Yale plantearon conversar y el Estado peruano entró, vía Cancillería, a una serie de conversaciones de carácter diplomático, con la participación de la señora Karp y de nosotros, los técnicos, a quienes siempre se nos consultó sobre lo que se tenía que hacer. En todos los casos, nuestra recomendación fue ceñirnos a ley. Pero, en un momento determinado, Yale nos entrega su famoso Memorándum y nosotros se lo devolvimos. Las negociaciones se rompen en marzo del 2006, faltando meses para que termine la administración Toledo. Con el nuevo gobierno, Yale siguió con su juego de conversar y hace dos años comenzaron de nuevo las negociaciones, como si antes no se hubiese hablado de nada. El Estado peruano entonces acepta y suscribe el MOU que nosotros habíamos rechazado, con el agravante de que esta vez el documento tenía agregados más cuestionables.
–¿Por qué Yale le plantea a este gobierno un documento de esa naturaleza?
–No creo que hayan pensado en engañar, sino que encontraron gente que no tenía la menor idea, entre ellos Cecilia Bákula, directora del INC, y la gente asociada a ella. Si no hubiera sido por la intervención de la doctora Karp, con su artículo en el New York Times, de repente no nos enterábamos de nada. El Estado peruano entonces no retrocedió sencillamente porque teníamos la razón y nos basábamos en una historia verídica. Pero el gobierno actual entra en duda y comienza a negociar, que si venían 300, que si nos devolvían quién sabe cuánto. Todo lo que ya había sido desechado por el Estado peruano se retoma. Es una política equivocada, sustentada en hacer lo contrario de lo que el régimen anterior había hecho, o replantear las cosas como si fuesen nuevas, desde cero. El resultado es patético. La figura lamentable del señor Garrido Lecca y la deplorable posición de la doctora Bákula son íconos de todas las deficiencias que tuvo la presentación del Perú en este tema.
–Si la posición peruana fue cambiante, la de Yale siempre fue la misma.
–Yale no ha variado en nada su posición, es decir que las piezas no están terminadas de estudiar y que deberían seguir estudiándose 99 años más. Es como si yo me robara el televisor de su casa y me justificara diciendo que lo uso mejor que usted. Todos los argumentos de Yale giran en torno a eso: que los peruanos somos incapaces de hacer un buen estudio de las colecciones. El problema es que hemos cometido serios errores en estos últimos dos años. El primer y mayor error es haber suscrito un Memorándum no solo mal redactado sino inconstitucional, contrario a la dignidad peruana y que además ya había sido rechazado.
–¿Cuál es la responsabilidad del presidente García?
–Hay un tema que no está siendo tratado y es que el señor Garrido Lecca se presentó como representante del Presidente de la República. Por lo tanto, quien tiene que pronunciarse es el presidente García. ¿Cómo permitió la firma del MOU? Garrido Lecca solo fue un testaferro. El que está comprometido es el Estado peruano, bajo la palabra de que quien está yendo a firmar esa barbaridad de documento es el propio representante del Presidente. Cuando llegó el señor Garrido y le preguntaron “¿y usted quién es?, usted es ministro de Salud o de Vivienda, no tiene representatividad”, entonces él respondió, públicamente, que era representante del Presidente de la República. Este es un tema que nosotros hemos soslayado porque no tenía sentido darle a Yale un argumento adicional. Pero seríamos ingenuos si pensáramos que Yale no sabe que este es un compromiso del Presidente, no de un ministro. La responsabilidad es compartida entre Garrido Lecca y el señor García.
–El abogado de Yale, Enrique Ghersi, afirma que el Estado peruano ha entablado mal la demanda, pues en el expediente se oculta a los jueces la existencia del Memorándum del 2007.
–Yo le voy a decir lo que pienso: que la idea de este proceso es jugar a perdedores. Esa es la sensación que tengo. Una de las primeras cosas que tenía que haber hecho el Ejecutivo es informar al Congreso. Es un asunto de Estado y es un asunto constitucional. Hasta donde yo sé, eso no ha pasado, no públicamente. El problema es que la ley que dio el Congreso en julio del 2006 para iniciar una demanda internacional contra Yale no ha sido ni ratificada ni derogada. Entonces, para comenzar, la posición peruana nace con un pecado procesal interno. ¿Se está procediendo de acuerdo con la ley peruana? No. Porque hay elementos que no se han cumplido. Temo mucho, además, que no se haya preparado una demanda lo suficientemente sólida como para poder hacer el alegato ante los tribunales norteamericanos. Basta con oír, por ejemplo, al ministro de Trabajo, que es el que ahora da la cara, para darse cuenta de que la parte peruana no tiene la menor idea de las cosas. Mi impresión es que el expediente va a ser desechado, rechazado, no admitido. El Perú no podrá hacer el juicio y el Estado dirá “nos han rechazado, hemos intentado todo, nos hemos peleado con Yale y lamentablemente ahí quedó”. Por razones precisamente de orden procesal seremos rechazados y eso sería francamente vergonzoso. Pero hay otra cosa: en el momento en que entre a proceso el Perú aparecerá la barbaridad de que vamos a recuperar 46 mil piezas. Con un simple peritaje técnico de un estudiante de arqueología de primer año o con un practicante de museo, ellos van a advertir el despropósito.
–Durante su gestión al frente del INC se consiguió el apoyo del gobierno japonés para los trabajos en el sitio de Chavín. El presidente García, así como la directora del INC, dicen, sin embargo, haber iniciado las gestiones.
–Durante los comienzos de mi gestión en el INC volví a Chavín para ver en qué situación estaba. Con John Rick, que trabajaba allí, decidimos hacer un Plan Maestro, pero no había suficientes recursos. Lo que nos sirvió fue descubrir que Chavín tenía más problemas de los que nos imaginábamos. En primer lugar, estaba en manos de personas sin la menor idea de lo que se tenía que hacer, que lo estaban destruyendo. En el 2001, el sitio estaba a punto de colapsar. Si no se hacía una intervención de emergencia, colapsaba. Se había hecho demasiadas excavaciones para presentarlas al turismo y parecía un panetón bailando sobre miel, y es que debajo de Chavín hay una masa inmensa de barro. Comenzamos así a trabajar la idea del museo. Luego se presentó una oportunidad de conversar con el embajador de Japón, quien me dijo que debíamos presentarnos a un concurso mundial, ya que había la posibilidad de obtener entre 2 y 4 millones de dólares para invertirlos en la construcción de un lugar que permita la conservación del sitio. Nos presentamos en el 2003 y al año siguiente recibimos la noticia de que el Perú había sido incorporado a la lista de los 4 o 5 países del mundo que serían beneficiados (fuimos 180 países en pugna).
El papel del embajador Najita fue importante: nos monitoreó sobre cómo hacer las cosas para que en Japón nuestro proyecto tenga repercusión. A fines del 2005 ya el proyecto estaba básicamente terminado. También se aprobó en Japón, y ellos dijeron que arrancaban el 2007. Solo restaba esperar la recepción del documento que entregaba el dinero. Pero el documento llegó el día que yo dejaba el INC, con mucha pena, de parte del nuevo embajador japonés. Incluso me invitaron a asistir a la reunión en la que se haría el intercambio de proyectos entre el Estado peruano y el japonés. Pero por causas para mí incomprensibles este evento se postergó en Cancillería para cuando yo ya estuviera fuera. El proyecto tenía dos partes, una parte museográfica y la otra parte que es el centro de investigación, que garantiza una permanente presencia de técnicos. Eso ni siquiera se ha iniciado. El Plan Maestro, que debía haberse publicado en enero del 2007, aún no se ha publicado. No se ha hecho nada, el tema es de una lentitud impresionante.
No hay interés. Lo que sí le ha interesado al señor García es ir allá y hacer el show de la inauguración del museo, afirmando que el museo es gestión suya.
–Hace poco finalizó el congreso de políticas culturales que organizaron el INC y la cooperación española. Entre otras cosas se dijo que era la primera vez que se hablaba de una política cultural en el Perú. ¿Qué opinión le merece esto?
–Todo Estado, por principio, tiene una política cultural. Es una de las fuentes fundamentales de su comportamiento político. A la vez, una política cultural es la manera cómo la sociedad organiza las relaciones entre personas a través del uso de las costumbres. Educación, salud, agricultura, todo está ligado a una política cultural. Que en el congreso del INC hayan dicho que el Estado no tiene una política cultural es la estupidez más grande que hayan podido decir. Entre los primeros que plantearon un diseño de política cultural adversa a la política colonial estaban González Prada, Dora Mayer, Pedro Zulen. Ellos hicieron lineamientos claves: no discriminación étnica, respeto a las otras culturas, rescate de los valores patrimoniales tradicionales. Es impresionante que los apristas se hayan olvidado de todo eso.
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