"El proyecto es, simplemente, bárbaro..." El Comercio, 27/9/09

POLÉMICA. Sobre la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación

"El proyecto es, simplemente, bárbaro..."

UN PROYECTO DE LEY QUE BUSCA RECORTAR CAPACIDADES AL INC GENERAEL UNÁNIME RECHAZO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA. EL ARQUEÓLOGOLUIS G. LUMBRERAS ENCABEZA LAS CRÍTICAS

Por: Enrique Planas

La lógica es tan fría como brutal: las leyes sobre protección del patrimonio cultural son contrarias a los inversionistas: el Instituto Nacional de Cultura retrasa (si no paraliza) la ejecución de lucrativos proyectos de inversión. Ergo, hay que recortar al INC. Quitarle competencias a sus técnicos especializados y dárselas al poder político. Eliminar la declaratoria de patrimonio cultural a los bienes que no resulten rentables.

Para ello, el proyecto de ley 3464/2009-PE, presentado silenciosamente por el Ejecutivo al Congreso, busca modificar algunos artículos de la, para algunos incómoda, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

“La cosa es grave”, afirma, enfático, el arqueólogo y ex director del INC Luis Guillermo Lumbreras. “Llevar al espacio político la definición o no de un sitio arqueológico o de un monumento histórico fue un tema superado en la década del treinta, cuando se asumió que debía ser una instancia especializada la que debía hacerse cargo. Entonces se creó un Patronato Nacional de Arqueología y un Patronato Nacional de Monumentos Históricos. En la década del setenta, con todo lo avanzado se configuró el Instituto Nacional de Cultura. La institucionalidad ha ido avanzando. Sin embargo, ahora se intenta dar vuelta atrás en cuestiones de principio”, alerta.

Al parecer, la mejor respuesta que ha encontrado el Gobierno para resolver sus problemas con el INC es quitarle sus atribuciones…
Así es. El INC no está cubriendo eficazmente la obligación del Estado de proteger y restaurar el patrimonio arqueológico, lo que, desde luego, genera muchas dificultades. Su incapacidad para resolver oportuna y eficientemente las cosas genera problemas en el sector de la producción, en la conservación y la investigación y, desde luego, nadie está contento con esta situación. Sin embargo, lo que el Estado debe hacer es proveer recursos que vayan efectivamente a mejorar el funcionamiento de la institución. Aquí no se establece un equilibrio entre lo que la sociedad en su conjunto percibe por los ingresos de un turismo asociado directamente con nuestro patrimonio cultural y lo que el Estado “devuelve” hacia la propia sociedad para generar una presencia mucho más eficiente.

¿Cree que este proyecto de ley es una forma desesperada del Gobierno por eliminar las trabas para la inversión?
Quitar trabas no está mal. Pero lo que se intenta aquí con este proyecto de ley es matar a la gallina de los huevos de oro para poder beneficiar otras fuentes de ingresos. Eso es muy grave.

¿Qué debería hacer la actual dirección del INC?
Para comenzar, pienso que ellos deben definir una posición. De algún modo, ya la han tomado, luego de las declaraciones ofrecidas por la Sra. Bákula. Incluso el INC ha enviado un oficio al Congreso para rechazar tal proyecto de ley. Sin embargo, creo que su acción inmediata sería presentarse ante el propio presidente de la República, de quien casi depende, y decirle: “Señor, esto no puede avanzar”. Tampoco el ministro de Educación ni el primer ministro han ofrecido algún pronunciamiento sobre este proyecto, presentado de forma inconsulta y casi clandestina.

¿El documento crítico al proyecto que usted y otros expertos han enviado a la Comisión de Cultura del Congreso ha encontrado alguna respuesta?
Todavía no. Entiendo que en el curso de la semana que viene se van a reunir en el Congreso para discutir. Habrá que ver qué dicen. Supongo que no aceptarán esta barbaridad.

También alertó que el proyecto sería inconstitucional…
Eso está clarísimo. Esa es la razón por la que seguramente el Congreso decidirá que ni siquiera se discuta el tema. Para aprobarse una ley como esa tendría que modificarse la Constitución, derogarse todas las leyes y protestar todos los acuerdos internacionales a los que se ha suscrito el Perú sobre este tema. La cosa es mucho más grande que un simple decreto pensado para resolver los problemas que, seguramente, tienen los inversionistas. Un decreto que “desmonumentalice” los sitios ya declarados patrimonio es francamente bárbaro.

RAZONES EN CONTRA
El cuestionado proyecto de ley 3464/2009-PE, presentado por el presidente de la República y el titular de la PCM al presidente del Congreso, tiene, fundamentalmente, dos intenciones que han alertado a la comunidad científica local:

• Retira al Instituto Nacional de Cultura la facultad de declarar cuáles bienes deben ser considerados parte del patrimonio cultural y encomienda tal función al Congreso, que no es una entidad técnica, sino política.
• Propicia el retiro de la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación a bienes que ya han sido declarados como tales, mediante la aplicación de una evaluación hecha a partir de criterios subjetivos, como considerar onerosa o ineficiente la preservación de un sitio. La evaluación la realizarían funcionarios del gobierno en un plazo de 6 meses.