Dejando al INC de adorno. la República, 12/9/09
Hace pocos días el Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley que retira al Instituto Nacional de Cultura (INC) la facultad –que ha sido suya desde su creación– de determinar qué bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación. El proyecto es la continuación de la ofensiva contra el INC iniciada con algunas declaraciones de ministros y seguida por la publicación del DS 009-2009-ED que señala que no se requiere de autorización del INC para proyectos de inversión en obras públicas y privadas.
El proyecto de ley, como el DS ya en vigencia, es consecuencia de que el Ejecutivo ve la labor del INC –que cumple con seriedad con su función legal de emitir los denominados Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)–como un elemento que retarda la inversión y no como un requisito indispensable para la protección de nuestro patrimonio cultural. Por tanto, ha decidido sacarlo del camino de la peor manera, es decir privándolo de una función indispensable.
Es un escándalo que en un país repleto de restos arqueológicos y en el que huacas y santuarios desaparecen cada día o son depredados impunemente se pretenda crear una oposición entre inversión y cultura y se dicten dispositivos para favorecer una inversión que no respete nuestros vestigios arqueológicos, un nuevo avance de la informalidad.
Pues de informalidad se trata, ya que los inversionistas serios de todo el mundo saben que deben respetar la normatividad propia del país donde arriesgan su dinero y en muchos casos colaboran en la puesta en valor de monumentos históricos. Aquí, a contracorriente, se pretende lo contrario, es decir favorecer a aventureros que callarán sobre aquello que encuentren y ya no tendrán que aguardar la luz verde proveniente de una voz autorizada.
Y que no se pretenda decir que exageramos, pues –de modo aberrante– el mencionado proyecto de ley traslada al Congreso la facultad de decidir sobre si un vestigio arqueológico puede o no ser declarado parte de nuestro patrimonio cultural. Es decir que se despoja a los técnicos del INC de algo que constituye su razón de ser y se pretende que sean políticos ignaros los que decidan.
Este proyecto no debe ser aprobado. Ni en su forma actual ni con otra modificada, pues marca un retroceso en una labor de custodia de los bienes culturales que existe en todos los países. Ni siquiera en nombre del neoliberalismo y la desregulación puede defenderse. Además, hace tabla rasa de una serie de convenios culturales que el Perú ha firmado con la Unesco. Las instituciones relacionadas con la defensa de nuestro patrimonio deben permanecer alertas.
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