miércoles, 30 de septiembre de 2009

“Aquí no importa que nuestro patrimonio se pierda”. La República, 20/9/09

“Aquí no importa que nuestro patrimonio se pierda”

Un decreto supremo y un proyecto de ley enviado al Congreso tienen el mismo objetivo: recortar las atribuciones al Instituto Nacional de Cultura para decidir sobre áreas e inmuebles que son patrimonio cultural de la nación. El arqueólogo Iván Ghezzi, investigador de la Universidad Católica, alerta aquí sobre el peligro que encierran estas iniciativas del gobierno.

Por Raúl Mendoza

Los esfuerzos del gobierno de Alan García para promover la inversión privada no se detienen ante consideraciones históricas. En agosto último el Ejecutivo emitió el decreto supremo 009-2009 que elimina los procedimientos que el Instituto Nacional de Cultura exigía allí donde hubiera peligro de destrucción de áreas consideradas en la categoría de patrimonio cultural de la nación.

–¿Este decreto 009-2009 es lesivo para el patrimonio peruano?

–Cualquier obra de infraestructura nueva, ya sea de carreteras, tendido eléctrico, tuberías de gas y otras requieren un Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) para determinar si hay restos que puedan ser afectados por esas obras. Con ese estudio se obtenía el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) y se daba paso a la ejecución de la obra. Ahora con el decreto 009 ya no se necesita autorización del INC para realizar un PEA. Los procedimientos que te he explicado protegían nuestro patrimonio. Pero ahora han sido dejados de lado.

–¿Por qué razón?

–En la exposición de motivos dicen que “es política del gobierno facilitar la inversión y el desarrollo de la iniciativa privada en general”, y también que se busca favorecer “el desarrollo y la inversión”. O sea, no importa que el patrimonio cultural se pierda. Se olvida el principio superior de que el patrimonio cultural, aunque es difícil asignarle un valor económico presente, tiene un valor incalculable en el largo plazo.

–Hoy se puede construir un camino al costado de una huaca sin pedir permiso al INC.

–Si tú quieres hacer eso necesitas un Proyecto de Evaluación Arqueológica. Pero con el decreto no se requiere presentarlo completo, sino presentar solo un informe. Entonces, si el PEA está mal hecho o si se evaluó inadecuadamente si hay restos o no, el INC recién se enterará cuando lea el informe y cuando ya no pueda ir a verificar si lo que el PEA dice es cierto.

–¿Qué otra objeción hay al decreto 009?

–Algo totalmente antitécnico es “exonerar a los proyectos de inversión pública, así como los declarados de necesidad nacional y/o de ejecución prioritaria, de los Proyectos de Evaluación Arqueológica”. ¿Quién te asegura que un proyecto de interés público se va a ejecutar únicamente en zonas que no tienen restos arqueológicos? El decreto 009 solo pide un ‘plan de monitoreo arqueológico’ en estas obras, algo muy light y que no asegura la protección del patrimonio.

–¿Por qué el ‘monitoreo arqueológico’ no es suficiente?

–El monitoreo consiste en la presencia de uno o dos arqueólogos allí donde ya se ha iniciado la obra, por si hay restos arqueológicos. Pero cuando el Estado pide solo un ‘monitoreo arqueológico’ para las obras que emprenda o, por ejemplo, para megaproyectos de 500 millones de dólares y maquinarias cuyo alquiler diario cuesta miles de dolares al día, uno se pregunta ¿dos arqueólogos van a detener esa obra en caso se encuentren restos? No creo.

Pedido al Congreso

El decreto 009-2009 no ha sido el único golpe al Patrimonio Cultural de la Nación. El último 4 de setiembre el presidente Alan García y el premier Javier Velásquez Quesquén enviaron al Congreso un proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y le pidieron al titular del Parlamento, Luis Alva Castro, “disponer su debate con carácter de urgencia”.

–Ese proyecto de ley le quita al INC la facultad de calificar lo que constituye Patrimonio Cultural y se lo otorga al Congreso.
–Es un disparate total. El Perú tiene, se estima, unos 100 mil sitios arqueológicos. Solo un ente técnico –como el INC, el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional– puede decir “esto es un sitio arqueológico o esto es Patrimonio Cultural de la Nación”. El proyecto de ley le da esta facultad al Congreso. Es antitécnico porque el carácter patrimonial de un bien mueble o inmueble no es materia de discusión política. El resultado va a ser que no se avance en la declaratoria de sitios como patrimonio cultural de la nación, con lo que se favorecerá el atropello de restos arqueológicos en favor de obras de infraestructura.

–¿Qué pasa con todo el patrimonio cultural de la nación ya declarado?

–El segundo artículo del proyecto de ley le da al INC el mandato de revisar en 180 días los bienes declarados actualmente y si es necesario remover algunos sitios de esa lista. Es un escándalo. Leo el artículo: “En un plazo no mayor de 180 días el INC revisará la declaración de bienes inmuebles de propiedad privada como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, pudiendo retirar dicha condición de conformidad con la normatividad vigente, cuando sea onerosa, ineficiente o cuando la preservación del patrimonio resulte impracticable”. O sea, por motivos económicos se puede retirar la condición de patrimonio a un inmueble en manos de un privado. Con ello las empresas dueñas de casonas, que quisieran derribarlas y que por ahora no pueden, en 180 días harán lobby en el INC para que su propiedad sea retirada de la lista porque “es oneroso” mantenerla. Y si lo logran, remodelarán o demolerán.

–¿Qué hay detrás de este interés en pasar por encima del INC?

–Un excesivo ánimo por simplificar todos los trámites que el Estado requiere para la inversión. Se está culpando al patrimonio cultural de ser un obstáculo para la inversión. Me parece que en aras de la inversión, de una crisis mundial que augura no muy buenos tiempos, se está promoviendo legislación que ciertos grupos económicos pueden haber deseado hace mucho tiempo, pero que no hubieran logrado en otro contexto. Yo creo que no se puede sacrificar el patrimonio cultural de los peruanos y de las futuras generaciones en aras de abrir paso a las inversiones.

el INC responde

Al cierre de esta edición, tuvimos acceso a un oficio enviado el 16 de setiembre por Cecilia Bákula, directora del INC, a Werner Cabrera, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Congreso, con respecto al proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y le quita atribuciones a su institución. En el documento el INC expresa de manera rotunda que “dicho proyecto de ley no es técnicamente compartido en ninguno de sus extremos por el INC” y que no fueron consultados sobre el tema. “Lamento constatar que sin contar con la opinión de nuestra institución, órgano técnico por excelencia y principal responsable de la protección de nuestro legado cultural, se elaboren proyectos sin sustento técnico y que a la larga, lejos de obtener el resultado que podría pretenderse tal como se expresa en la exposición de motivos, tenga un efecto contrario en perjuicio del patrimonio cultural de la Nación”, dice. El oficio, de ocho páginas, también hace un análisis de los artículos del proyecto de ley, indicando las contradicciones jurídicas en que se incurre y defiende sus fueros como encargado de proteger el patrimonio cultural de la Nación. “Este proyecto de ley perjudicará gravemente el patrimonio cultural (...), el proyecto no incentivará las inversiones, ni mucho menos hará del Perú un país más moderno que protege su sobresaliente patrimonio cultural”, advierte. Esta vez no tenemos más que saludar la posición de la doctora Bákula.

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