Arqueólogos: ¡No, señor Presidente!. La República, 23/9/09
Se pronuncian en contra de proyecto de ley que atropella a INC. Dicen que si Congreso asume rol de calificar cuáles son los bienes que son patrimonio cultural prevalecería lo político.
Pedro Escribano.
“Ni el Presidente de la República, ni el Congreso están por sí mismos, por muy alto que sea su cargo, en capacidad de satisfacer esta función, porque es de rango técnico-profesional y no político”, así, con estas palabras, un grupo de reconocidos arqueólogos se oponen al proyecto de ley Nº 3464/2009-PE que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República con el cual pretende quitarle al INC la facultad de declarar qué bienes forman parte del Patrimonio Cultural.
El pronunciamiento titulado “Un proyecto de Ley del Estado contra la Nación”, está firmado por los arqueólogos Luis G. Lumbreras, Enrique González Carré, Leonor Cisneros Velarde y Luis Repetto. También María Elena Córdova Burga, Amalia Castelli, Bertha Vargas Vargas y Rodolfo Vera Loayza. Asimismo, Alejandro Falconí Valdivia y Santiago Uceda Castillo, firman el pronunciamiento.
Zapatero a tus zapatos
Los científicos sociales, en otras palabras, les dicen al Presidente de la República y al Congreso, zapatero a tus zapatos. Señalan al respecto que la función del Congreso Nacional no tiene competencia en el tema porque “no es una entidad técnica, sino política”.
Asimismo, que esa función de calificar qué bienes son patrimonio y cuáles no, requiere de una evaluación profesional.
Y los arqueólogos son concretos: “El mandato de los congresistas no los califica para dar opinión especializada en temas de arqueología, arquitectura histórica, conservación y restauración, arte y otras materias involucradas en el tema”. Ante la posibilidad de que el Congreso evalúe los bienes culturales de la Nación ya declarados patrimonio cultural con el fin de retirarles esa condición solo para dar luz verde a la inversión privada, los arqueólogos sostienen que prevalecería el criterio político:
“La evaluación que realizarían funcionarios del Gobierno actual –anotan–, en un plazo perentorio de 6 meses, implica imponer valores económicos y políticos –que son criterios subjetivos– por encima de las calidades y valores culturales que fundamentaron su declaración como bienes patrimoniales protegidos, al amparo de la Constitución Política del Perú, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Por eso mismo, le recuerdan al Presidente que la Constitución obliga al Estado a “Identificar, declarar, proteger y custodiar el patrimonio cultural y, si las condiciones lo demandan, a intervenir en su conservación, restauración y recuperación”. Es decir, el perro del hortelano en realidad debería ser un perro guardián.
Finalmente recuerdan que existe el Decreto Supremo Nº 009-2009-ED emitido el 19 de agosto del presente año, que ya está en operación y que violando las normas vigentes, que establecen la necesidad de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), como requisito previo para la intervención de los inversionistas o concesionarios, dispuso liberar de la autorización del INC a los proyectos de inversión pública. Ello ha permitido la destrucción de sitios arqueológicos y marcó el inició de “la escalada contra el Patrimonio Cultural que ahora se quiere consolidar con la propuesta de ley”.
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