jueves, 28 de octubre de 2010

Ultimatum a Yale para devolver el tesoro de Machu Picchu. Arteseleccion, 29/9/10

arteselección

Ultimatum a Yale para devolver el tesoro de Machu Picchu
(26/09/2010)


"El 7 de julio de 2011 es la línea divisoria. O nos entendemos por la integridad de Machu Picchu, o nos caracterizamos como saqueadores de tesoros". Ése es el mensaje del Presidente del Perú para la Universidad de Yale, donde se encuentran depositados los tesoros de Machu Picchu desde que el explorador Hiram Bingham descubrió la ciudadela inca en 1911. Alan García concretó así el ultimatum del Estado peruano a una institución que lleva casi un siglo resistiéndose a devolver lo que tomó prestado para su estudio científico y catalogación.

"Es hora de comenzar a empaquetar las cosas, seleccionarlas, entregarlas con sus estudios y hacer lo que se quiera, pero aquí cerca de Machu Picchu. Todo lo demás será silencio y autoinculpación de robo", anunció con la mayor claridad el presidente García en el transcurso de una ceremonia oficial con motivo del primer Centenario del descubrimiento de la ciudadela. "Ya pasaron 100 años para que todo eso sea estudiado, y un siglo es suficiente, amigos míos", añadió en tono enfático.

Pero la Universidad de Yale ha puesto en marcha todo su arsenal legal para rechazar las peticiones peruanas y piden al tribunal de Connecticut donde se juzga el asunto que desestime la demanda presentada por el país suramericano. Sus abogados argumentan que los derechos del Perú sobre el Tesoro de Machu Picchu prescribieron con el paso del tiempo.

"Hace casi un siglo desde que ocurrieron los acontecimientos y, tanto bajo la ley norteamericana como la peruana, las pretensiones del Perú están prescritas", asegura el abogado Enrique Ghersi, especialista peruano que defiende los intereses de Yale. Ghersi calificó esta demanda de "equivocada e injusta" y asegura que "estos bienes fueron exportados legalmente en 1911” y que “Perú no los reclamó. ¿Cómo ha podido Yale causar un daño que se basa en la propia negligencia del Gobierno peruano, que jamás reclamó sus productos?", prosiguió.

Desde Lima se rechazan tales argumentos ya que, según la ley peruana “no se pueden adquirir por prescripción los bienes que forman parte del patrimonio cultural e histórico de la nación", aseguró el ministro de Trabajo, Jorge Villasante. En su opinión, la Universidad de Yale muestra "desesperación" tras la demanda judicial y "es malo que quien se ve en un proceso judicial se desespere".

El Estado peruano acusa a la universidad estadounidense de actuar de manera fraudulenta en relación con las obras que se exhiben en el Museo Peabody de New Haven. También incluye la petición de compensaciones económicas “por la persistente violación por parte de Yale de sus obligaciones, y por las ganancias logradas a expensas del pueblo peruano".

El titular peruano de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, ha recordado que los objetos arqueológicos salieron del Perú en calidad de préstamo y que la universidad estadounidense ponía “condiciones inaceptables” para su devolución, “como que las piezas se quedaran en su poder otros 99 años, y supeditar el regreso de los objetos arqueológicos a que ellos dieran su aprobación al museo donde vamos a depositar las piezas". El canciller peruano quiso dejar bien claro que “la Universidad de Yale no puede imponer ese tipo de condiciones porque las referidas piezas nunca fueron donadas”.

"Yale se defenderá vigorosamente de las pretensiones del Perú”, asegura la universidad a su vez, y ahora sustancia dicha posición en un voluminoso texto presentado ante el tribunal. Los dirigentes de la universidad aseguran estar "consternados” por la demanda del Gobierno peruano “para recuperar el material arqueológico legalmente excavado en Machu Picchu” y han promovido la difusión de informaciones en la prensa norteamericana que subrayan que Machu Picchu “estaba olvidada y cubierta por una densa vegetación a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar” en el momento de las excavaciones.

El Presidente del Perú rechaza tales argumentos con rotundidad y ha prometido batirse por la defensa del patrimonio de su país en todos los escenarios internacionales. “No dejaré de hablar del asunto todos los días hasta el 7 de julio del 2011, esté donde esté, en las Naciones Unidas, OEA, Unesco o en una embajada”, ha dicho públicamente.

Alan García decidió retomar el plan de acciones judiciales contra Yale tras destituir a su anterior gobierno, que había mantenido una actitud laxa y dubitativa en este asunto. Inicialmente se pensó que fuera la Justicia de Cuzco la que se encargara del caso, ya que Machu Picchu se encuentra en su jurisdicción, pero el procurador especial designado por el nuevo gobierno se inclinó finalmente por llevar el asunto a una corte de Estados Unidos, adelantándose así a la previsible actuación de los abogados de Yale cuestionando la competencia de los jueces peruanos.

Así se intenta conseguir lo que no fue posible mediante negociaciones absolutamente estériles que se prolongaron durante décadas y que en el anterior gobierno de Alan García protagonizó el entonces ministro de Salud, Hernán Garrido-Lecca. Su actuación en el caso mereció la calificación de “gravemente perjudicial para los intereses del país”, según la Asamblea Regional de Cuzco, que llegó a pedir su recusación en el Congreso de la República. La iniciativa contó con el respaldo del Consejo Regional de Defensa del Patrimonio, la Coordinadora de Colegios Profesionales y la Universidad Nacional de San Antonio Abad, instituciones muy involucradas en la recuperación de las 46.000 piezas arqueológicas que fueron trasladadas a los Estados Unidos en 1911.

La institución educativa de New Haven se hizo con la extraordinaria colección de Machu Picchu gracias a la actuación de Hiram Bingham, un profesor de ese centro que llegó al santuario inca guiado por pobladores locales y se llevó las piezas a su país cuando regresó un año después. Desde entonces se han venido produciendo reiteradas gestiones por parte de las autoridades del Perú para rescatar su patrimonio, aunque nunca tuvieron el éxito esperado.

En abril de 2008, el Instituto Nacional de Cultura (INC) cuantificó exactamente en 46.332 las piezas que reclama a Yale, mientras que la Universidad habla de “algo más de 4.000”, aunque dice no contar con un inventario detallado, pese a que llevan en su poder casi un siglo. El Gobierno peruano consiguió en 2007 que el centro educativo reconociera por escrito el derecho de propiedad del Estado peruano sobre los objetos reclamados, aunque meses después informó que sólo renunciará al mismo una vez que se produzca un “acuerdo definitivo” con el país andino.

Yale pretende devolver al Perú sólo 384 piezas en un plazo de dos años, y sus legítimos propietarios tendrían que comprometerse a exhibirlas en un museo que se construiría en la ciudad de Cuzco bajo especificaciones dictadas por la institución estadounidense. A la vista de tales exigencias, el gobierno peruano decidió reclamar la totalidad de las piezas mediante requerimiento judicial, aunque “el hecho que se demande no cierra la posibilidad de un acuerdo”, según portavoces autorizados. También se exigirá tener acceso al resultado de todas las investigaciones científicas que se han hecho con este material, ya que “parte de las autorizaciones de 1912 y 1916 señalaban que el Perú debía ser informado sobre estos estudios”.

No hay comentarios: