Los cusqueños y la Ley 29164. El Comercio, 1/3/08
Análisis
Los cusqueños y la Ley 29164
Por Guillermo Arbe. Economista
El Comercio, en un editorial del 15 de febrero, puso al descubierto la agenda politiquera de los dirigentes cusqueños y preguntó, molesto: ¿Qué quieren los cusqueños al insistir "en paros y bloqueos violentistas para protestar por aspectos de una ley que ya han sido eliminados en la ley del Congreso"?
Se refiere a la Ley 29164, una norma que propone poner en valor el patrimonio del país al "promover la inversión privada en zonas aledañas a sitios históricos bajo la modalidad de concesiones, como se hace exitosamente en otros países y en Lima con la huaca Pucllana".
Varios comentaristas han culpado a agendas políticas, movimientos desestabilizadores de la izquierda, autoridades regionales y locales mediocres, y humalistas de las protestas y de manipular a los cusqueños. Solo así puede entender que hagan protestas que afecten al propio turismo, sector económico clave del Cusco. Otros han acusado a los cusqueños de no entender los criterios modernos de conservación, puesto de manifiesto por la huaca Pucllana.
En resumen, Lima parece estar tan enojada con el Cusco como los cusqueños con la propia ley. La idea desde Lima es la siguiente:
1. Los cusqueños no deberían estar en contra de la ley, incluso en su versión inicial, porque esta promueve la mejora de los monumentos históricos y alienta al turismo, como demuestra la experiencia de la huaca Pucllana.
2. La versión modificada de la ley requiere de la aprobación del gobierno regional para su vigencia, por lo que ya no tendría sentido las protestas en el Cusco.
3. Las protestas, por tanto, obedecen a agendas políticas de dirigentes poco escrupulosos o radicales.
4. Si los cusqueños quieren protestar, deberían hacerlo en forma pacífica sin afectar a terceros ni a la industria turística.
Todo esto tenía sentido para mí. Pero hace poco viajé al Cusco y tuve ocasión de hablar con muchos cusqueños, tanto dentro de la industria turística como afuera. Allí se me desbarataron varios de los mitos que hay en Lima respecto de la oposición de los cusqueños.
En primer lugar, TODOS los cusqueños con quienes hablé estaban, sin excepción, en contra de la ley. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría estaba en contra del giro violento que habían tomado las protestas. Por tanto, las protestas violentas no son representativas del sentir de la mayoría en el Cusco, de la misma manera en que las marchas violentas que a veces se han dado en Lima no son representativas del sentir de la mayoría de los limeños, ni las barras bravas son representativas de la mayoría de los hinchas del fútbol.
Adicionalmente, no es cierto que los cusqueños estén siguiendo en forma inocente y engañada a los dirigentes. Es al revés. Los cusqueños con quienes hablé tenían muy en claro las agendas de los dirigentes. No encontré a ninguno que los apoyara. Más bien son los dirigentes los que se han subido al carro de la oposición a la ley, un carro que no es de ellos. Esto sin negar que, a través de lazos de conveniencia, estos dirigentes tienen un nivel de convocatoria que, sin ser mayoritaria, es suficiente para bloquear vías y causar problemas. No se necesita mucha gente para cerrar una carretera.
Pero son los primeros dos puntos los claves. Los cusqueños están convencidos de que la ley no los beneficiaría. Y a los hechos se remiten. Su argumento es que cada vez que se da en concesión algo al sector privado, pasan dos cosas: el acceso al lugar o al servicio se restringe, y su precio se encarece.
Dan como ejemplos: el ferrocarril a Machu Picchu y el monasterio. Los cusqueños ya no van a Machu Picchu porque desde que se dio en concesión el tren es muy caro y el trato arbitrario. Actualmente, ya no se puede ir ni a pie por el Camino Inca, porque existe la obligación de contratar a guías a una tarifa establecida y alta. No entran al histórico monasterio, dado en concesión a un hotel (antiguo seminario de San Antonio Abad y, originalmente, palacio de Inca Amaru Qhala según la página web del propio hotel) porque la noche cuesta más que el ingreso mensual promedio de un hogar típico. Desde Lima, a veces parece que nos olvidamos de que el Cusco no es solo para los turistas, es también el hogar de los cusqueños.
En el Cusco, incluso las personas vinculadas con el turismo están en contra de la ley. En un tour que contraté por el Valle Sagrado, el guía turístico de una empresa formal muy bien educado, tanto en la historia como en el trato a los pasajeros, nos pidió nuestro apoyo para dos cosas: la oposición a la ley y el boicot a la catedral. Aparentemente, la Iglesia en el Cusco ha dado en concesión la catedral al sector privado, con lo cual se cobra una entrada para rezar. Según me dicen (yo obedecí el boicot), si tratas de ir a la hora de la misa, no te creen e igual tratan de cobrar.
El tema de fondo es este. Los lugares históricos, por su propia naturaleza, son únicos. Darlos en concesión genera monopolios, lo cual abre la puerta a abusos en tarifas y acceso (abuso de posición de dominio). Esta ha sido la experiencia histórica del Cusco. Si existiera un Estado fuerte y consciente de la necesidad de controlar los monopolios, tal vez los cusqueños verían el sentido de la ley. Sin embargo, intentos pasados por romper los monopolios, abriendo el ferrocarril a la competencia, por ejemplo, han fracasado por razones que nadie entiende.
Los cusqueños sienten que abrir la puerta a las concesiones monopólicas implica perder el acceso ellos mismos. Además, sostienen que ha significado siempre un incremento tal en las tarifas que podría poner en riesgo a la propia actividad turística. Es decir, la ley no promueve el turismo, sino que lo hace peligrar. En este sentido, las protestas de los cusqueños son a favor del turismo, no en contra.
Pero si es así, ¿por qué, entonces, oponerse a la ley modificada, que da a los propios gobiernos regionales la potestad de decir si se otorgan concesiones o no? Para empezar, muchos cusqueños sí consideran aceptable esta posibilidad. El problema es que no confían en las autoridades. Primero, las autoridades cambian en cada elección, con lo cual en cada elección habrá un riesgo de que empiecen las concesiones. Segundo, el manejo no muy claro de algunas de las concesiones pasadas, junto con esta desconfianza hacia las autoridades, hace que muchos consideren un riesgo innecesario que los gobiernos regionales puedan tener esta potestad legal.
Por tanto, no es que los cusqueños estén con soroche, estén mal informados o sean revoltosos radicales de oficio. Hay una racionalidad detrás de su oposición a la Ley 29164. Es el Estado el que debe mejorar en controlar las situaciones de abuso de posiciones de dominio, así como anteponer la protección y valorización del patrimonio histórico y la inclusión en el acceso al beneficio puramente de renta turística. Solamente podrá haber un turismo moderno y racional si se cuenta con un Estado moderno y racional.
Los cusqueños y la Ley 29164
Por Guillermo Arbe. Economista
El Comercio, en un editorial del 15 de febrero, puso al descubierto la agenda politiquera de los dirigentes cusqueños y preguntó, molesto: ¿Qué quieren los cusqueños al insistir "en paros y bloqueos violentistas para protestar por aspectos de una ley que ya han sido eliminados en la ley del Congreso"?
Se refiere a la Ley 29164, una norma que propone poner en valor el patrimonio del país al "promover la inversión privada en zonas aledañas a sitios históricos bajo la modalidad de concesiones, como se hace exitosamente en otros países y en Lima con la huaca Pucllana".
Varios comentaristas han culpado a agendas políticas, movimientos desestabilizadores de la izquierda, autoridades regionales y locales mediocres, y humalistas de las protestas y de manipular a los cusqueños. Solo así puede entender que hagan protestas que afecten al propio turismo, sector económico clave del Cusco. Otros han acusado a los cusqueños de no entender los criterios modernos de conservación, puesto de manifiesto por la huaca Pucllana.
En resumen, Lima parece estar tan enojada con el Cusco como los cusqueños con la propia ley. La idea desde Lima es la siguiente:
1. Los cusqueños no deberían estar en contra de la ley, incluso en su versión inicial, porque esta promueve la mejora de los monumentos históricos y alienta al turismo, como demuestra la experiencia de la huaca Pucllana.
2. La versión modificada de la ley requiere de la aprobación del gobierno regional para su vigencia, por lo que ya no tendría sentido las protestas en el Cusco.
3. Las protestas, por tanto, obedecen a agendas políticas de dirigentes poco escrupulosos o radicales.
4. Si los cusqueños quieren protestar, deberían hacerlo en forma pacífica sin afectar a terceros ni a la industria turística.
Todo esto tenía sentido para mí. Pero hace poco viajé al Cusco y tuve ocasión de hablar con muchos cusqueños, tanto dentro de la industria turística como afuera. Allí se me desbarataron varios de los mitos que hay en Lima respecto de la oposición de los cusqueños.
En primer lugar, TODOS los cusqueños con quienes hablé estaban, sin excepción, en contra de la ley. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría estaba en contra del giro violento que habían tomado las protestas. Por tanto, las protestas violentas no son representativas del sentir de la mayoría en el Cusco, de la misma manera en que las marchas violentas que a veces se han dado en Lima no son representativas del sentir de la mayoría de los limeños, ni las barras bravas son representativas de la mayoría de los hinchas del fútbol.
Adicionalmente, no es cierto que los cusqueños estén siguiendo en forma inocente y engañada a los dirigentes. Es al revés. Los cusqueños con quienes hablé tenían muy en claro las agendas de los dirigentes. No encontré a ninguno que los apoyara. Más bien son los dirigentes los que se han subido al carro de la oposición a la ley, un carro que no es de ellos. Esto sin negar que, a través de lazos de conveniencia, estos dirigentes tienen un nivel de convocatoria que, sin ser mayoritaria, es suficiente para bloquear vías y causar problemas. No se necesita mucha gente para cerrar una carretera.
Pero son los primeros dos puntos los claves. Los cusqueños están convencidos de que la ley no los beneficiaría. Y a los hechos se remiten. Su argumento es que cada vez que se da en concesión algo al sector privado, pasan dos cosas: el acceso al lugar o al servicio se restringe, y su precio se encarece.
Dan como ejemplos: el ferrocarril a Machu Picchu y el monasterio. Los cusqueños ya no van a Machu Picchu porque desde que se dio en concesión el tren es muy caro y el trato arbitrario. Actualmente, ya no se puede ir ni a pie por el Camino Inca, porque existe la obligación de contratar a guías a una tarifa establecida y alta. No entran al histórico monasterio, dado en concesión a un hotel (antiguo seminario de San Antonio Abad y, originalmente, palacio de Inca Amaru Qhala según la página web del propio hotel) porque la noche cuesta más que el ingreso mensual promedio de un hogar típico. Desde Lima, a veces parece que nos olvidamos de que el Cusco no es solo para los turistas, es también el hogar de los cusqueños.
En el Cusco, incluso las personas vinculadas con el turismo están en contra de la ley. En un tour que contraté por el Valle Sagrado, el guía turístico de una empresa formal muy bien educado, tanto en la historia como en el trato a los pasajeros, nos pidió nuestro apoyo para dos cosas: la oposición a la ley y el boicot a la catedral. Aparentemente, la Iglesia en el Cusco ha dado en concesión la catedral al sector privado, con lo cual se cobra una entrada para rezar. Según me dicen (yo obedecí el boicot), si tratas de ir a la hora de la misa, no te creen e igual tratan de cobrar.
El tema de fondo es este. Los lugares históricos, por su propia naturaleza, son únicos. Darlos en concesión genera monopolios, lo cual abre la puerta a abusos en tarifas y acceso (abuso de posición de dominio). Esta ha sido la experiencia histórica del Cusco. Si existiera un Estado fuerte y consciente de la necesidad de controlar los monopolios, tal vez los cusqueños verían el sentido de la ley. Sin embargo, intentos pasados por romper los monopolios, abriendo el ferrocarril a la competencia, por ejemplo, han fracasado por razones que nadie entiende.
Los cusqueños sienten que abrir la puerta a las concesiones monopólicas implica perder el acceso ellos mismos. Además, sostienen que ha significado siempre un incremento tal en las tarifas que podría poner en riesgo a la propia actividad turística. Es decir, la ley no promueve el turismo, sino que lo hace peligrar. En este sentido, las protestas de los cusqueños son a favor del turismo, no en contra.
Pero si es así, ¿por qué, entonces, oponerse a la ley modificada, que da a los propios gobiernos regionales la potestad de decir si se otorgan concesiones o no? Para empezar, muchos cusqueños sí consideran aceptable esta posibilidad. El problema es que no confían en las autoridades. Primero, las autoridades cambian en cada elección, con lo cual en cada elección habrá un riesgo de que empiecen las concesiones. Segundo, el manejo no muy claro de algunas de las concesiones pasadas, junto con esta desconfianza hacia las autoridades, hace que muchos consideren un riesgo innecesario que los gobiernos regionales puedan tener esta potestad legal.
Por tanto, no es que los cusqueños estén con soroche, estén mal informados o sean revoltosos radicales de oficio. Hay una racionalidad detrás de su oposición a la Ley 29164. Es el Estado el que debe mejorar en controlar las situaciones de abuso de posiciones de dominio, así como anteponer la protección y valorización del patrimonio histórico y la inclusión en el acceso al beneficio puramente de renta turística. Solamente podrá haber un turismo moderno y racional si se cuenta con un Estado moderno y racional.
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