Pronunciamiento APAR - GSF (Amazonia y Gobierno)
Pronunciamiento conjunto de la Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR) y la Asociación de Guías de Turismo sin Fronteras (GSF)
El 5 de junio se sucedió una de las más grades tragedias nacionales, la cual ha remecido notablemente las estructuras del estado y ha puesto en evidencia de una manera patética la forma anacrónica, colonial y solapadamente fascista en la que se gobierna el país.
La muerte de miembros de pueblos nativos del nororiente peruano y miembros de la policía nacional son consecuencia de esta política vertical que no toma en cuenta la realidad nacional y que considera al país como un territorio baldío extenso sin ocupación poblacional, sin historia, sin tradición y sin cultura.
Esta es parte de una política de estado cuidadosamente planeada y dirigida de acuerdo a los lineamentos económicos previstos por los intereses comerciales del mercado internacional, los cuales el estado, a conveniencia de intereses particulares, acata indiscriminadamente sin tomar en cuenta la afectación que esto conlleva.
El año 2008, en menos de 6 meses, el poder Ejecutivo (Alan García) emitió 102 Leyes, las que se sujetaban, supuestamente, a facilitar la ejecución del Tratado de Libre Comercio con USA. No obstante esto la cantidad irregular de leyes emitidas, muchas de ellas totalmente desligadas del TLC, han generado serios problemas al ser promulgadas arbitrariamente en volúmenes o paquetes normativos sin considerar su improcedencia legal o afectación socio cultural.
El diario “La República” expone claramente:
“Las cifras hablan por sí solas. Más del 69% de dichos decretos supremos (37) fueron promulgados ayer. Y el número de textos legales publicados en la última semana (71) es igual al número de leyes aprobadas en el Congreso en lo que va del año. Si lo que medimos es la labor legislativa en el mismo periodo de tiempo (los seis meses conferidos a través de la ley 29157) entonces comprobamos que el gobierno ha legislado más que el Congreso. El dato da cuenta de la inversión de papeles.” (La República 29/6/08)
Este irregular ejercicio normativo del ejecutivo es ilegal, puesto que ha superado los parámetros de permisividad constitucionales, y ha sobrepasado extensamente los objetivos de normatividad regular para fines de promoción económica. La verdadera intención del paquete de leyes es la facilitar la venta y comercio a ultranza de los recursos culturales y naturales del país, independientemente de la población peruana, de las poblaciones nativas de la Amazonía o de los intereses nacionales del Perú.
La verticalidad de la aplicación de leyes en el Perú, bajo falsos criterios progresistas (“… lo único que nos hará progresar”: AGP, El Comercio 28/10/07; “… un gran salto a la modernidad”: AGP, El Comercio 6/7/08), basados en parámetros económicos externos, en modelos sociales extranjeros, y en la negación e ignorancia de la realidad socio cultural del país, constituyen claros prejuicios colonialistas, los que sin ninguna duda reflejan el colonialismo europeo que se instaló en el Perú en el siglo XVI, y que ahora pervive bajo los mismos modelos de “bienestar económico y social” que solo beneficia los grandes interés capitalistas y usufructúa al hombre, a la tierra y la cultura del Perú.
La imposición de leyes bajo procedimientos irregulares, y que son flagrantemente inconstitucionales, constituye además, en este contexto, actitudes fascistas de absolutismo recalcitrante que conduce únicamente al enfrentamiento entre un gobierno beligerante y vertical, y una población afectada por esas leyes que trata de defender su forma de vida; y los sucesos del 5 de junio son consecuencia de esa dinámica.
El gobierno niega, en su mente colonial y neofascista, que las poblaciones nativas de la Amazonía puedan comprender las desastrosas consecuencias económicas y sociales de la imposición de la leyes de Lima, por una razón muy simple; para el gobierno, y específicamente para el presidente García, el concepto de “nativo” implica un estatus de condición social pre-neolítica, que independientemente de sus características materiales (como el uso mínimo del dinero [“piden para su pasaje”: Yehude Simons] o la inexistencia de ciudades, etc.) representa una condición de “salvajismo” e ignorancia (“acaso son ciudadanos de primera?”: Alan García), la que se vierte en los hombres de la Amazonía, los que de acuerdo a esta estimación no tienen ninguna capacidad de entendimiento intelectual de la realidad que los afecta. Este es prácticamente un puro sentimiento de menosprecio colonial.
El gobierno denosta el mundo nativo del Perú porque lo ignora y solo se vale de él como recurso mediático para aprovechar su pasado milenario y culturalmente rico con el único objetivo de utilizarlo como base de una aproximación económica; mediante la implementación del turismo o en su defecto mediante la venta, alquiler o el usufructo comercial de sus bienes materiales, monumentos o tierra. Un país como el Perú con más de diez mil años de historia ininterrumpida está hoy poblado mayoritariamente por nativos, los cuales ahora superviven cotidianamente en las principales ciudades peruanas; los nativos en el Perú, muchos hombres Awajún, Huambisas, Shipibos, Conibos, Piros, Machiguegas; o Huancas, Cataquences, Jollanas, huarochiranos, Qeros, o Lupacas, van a la universidad, hablan varios idiomas y son intelectuales, campesinos u obreros; y son nativos.
Nosotros entendemos con claridad que las leyes dictadas por el ejecutivo del Perú atentan contra el patrimonio natural y cultural y las comunidades nativas de la Amazonía, ya sea los recursos naturales, y la cultura comunitaria; nadie puede ni debe regular sobre la vida y vivencia de los pueblos nativos del Perú, de la población peruana, sin su conocimiento y aceptación expresa, y la matanza del 5 de junio es el resultado de esa actitud beligerante, colonial y neofascista del gobierno contra los pueblos nativos y amazónicos del Perú. Esto nos afecta a todos.
En vista de que el gobierno debe entender que las leyes son ilegales (anticonstitucionales), están emitidas despóticamente, afectan de la vida de los pueblos amazónicos, y constituyen un precedente nefasto que ha conllevado a una tragedia nacional, los abajo firmantes se manifiestan en la exigencia que se deroguen los decretos: 994, 995, 1020, 1060, 1081, 1083, y 1089, para que sigan el camino de los decretos 1090 y 1064 que han aceptado ser derogados; exigiendo también la derogatoria de las leyes 29164 y 29167 que atentan contra el patrimonio cultural peruano al tratarlo como un bien comercial para el simple usufructo económico de terceros.
La Amazonía no es un lote baldío, es un territorio extenso donde los pueblos nativos, contactados y no contactados, se han desarrollado desde tiempos inmemoriales, no presenta discontinuidades y no existe como un sistema de parches geométricos de territorios comunales aislados, es el espacio de supervivencia de culturas altamente complejas con patrones de movilidad variado y extenso; toda la Amazonía tiene dueño, la nación peruana más prístina y pura, y es el recurso de nuestro aire, agua y alimento que debemos proteger. El problema de conservar la Amazonía nos concierne a todos, a los pueblos amazónicos, a todos los peruanos, y también a la humanidad entera.
Lima y Trujillo, 18 de junio del 2009
Gori Tumi Echevarría López (Presidente APAR) y Víctor Corcuera Cueva (Presidente GSF)
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