Lima Milenaria: hace falta decisión política para proteger el patrimonio. EC, 24/02/2012
Lima Milenaria: hace falta decisión política para proteger el patrimonio
Uno de los argumentos para explicar el descuido del legado cultural del Perú es la falta de dinero. Lo que se necesita es voluntad y una dosis de creatividad
JAVIER LIZARZABURU
Garagay es un templo de unos 3.800 años de antigüedad. Está abandonado y luce como era la huaca Pucllana antes de que empezaran las excavaciones. Además, tiene clavada una torre de alta tensión encima de la pirámide central. En otros países sería una de las mayores atracciones turísticas y punto de desarrollo local. Aquí no lo es. ¿Por qué?
“Porque la gestión y protección de patrimonio en el Perú es un desastre”, afirma Juan Pablo de la Puente, director ejecutivo del World Monument Fund (WMF) en el Perú. Su organización es una de las más activas e influyentes alrededor del mundo y se especializa justamente en protección de patrimonio.
La gran ironía es que el Perú es uno de los seis países del mundo que son cuna de civilización, fuente de un enorme legado que todavía nos acompaña, pero la gestión de ese tesoro merece comentarios críticos.
CULTURA VS. DESARROLLO
Cuando en noviembre del 2011 lanzamos la campaña Lima Milenaria lo hicimos, como lo repetimos cada domingo, para hablar de los hallazgos que habían salido a la luz sobre la Lima prehispánica. Pero también para sensibilizar a autoridades, público y empresa privada sobre la necesidad de ver el patrimonio como una herramienta para el crecimiento económico.
Porque, después de todo, ¿de qué sirve maravillarnos de los tesoros que emergen si luego no podemos o no sabemos protegerlos? Más aun, ¿de qué sirven estos grandes avances cuando, como sostienen expertos en gestión cultural, la misma ley que se diseñó para protegerlos es la que promueve su destrucción?
Según la Ley de Patrimonio Cultural N° 28296, en el caso de los bienes arqueológicos, el Estado es dueño de todo, ya sea que esté en propiedad pública o privada. El privado está obligado a informar, registrar, proteger. Pero así como pide, el Estado no da. Consecuencia: “En un sentido perverso, eso incentiva a destruir y aplanar, y a no informar a la autoridad para proteger tu propiedad”, explica De la Puente.
LA LEY Y LA DESTRUCCIÓN
El caso más visible es el de las casonas coloniales y republicanas. De nuevo, con muy buena intención, la ley de patrimonio cultural exige al propietario que se haga cargo de mantener su vivienda en buenas condiciones. De lo contrario, señala, ese bien puede ser expropiado.
Lo que termina sucediendo, es que la ley exige al propietario una serie de requisitos, pero no provee auténticos estímulos, más allá de eximirlo del pago del Impuesto Predial (si el predio ha sido declarado en riesgo) o del de alcabala.
“Entonces, sin incentivos reales, ¿qué generas?: playas de estacionamiento”, dice De la Puente, del WMF. Según Paloma Carcedo, directora general de Patrimonio del Ministerio de Cultura, “se está reformulando la ley de patrimonio”, y aseguró que se encuentran estudiando la posibilidad de tener más incentivos, “pero depende de lo que diga el Ministerio de Economía”.
La considerable dimensión del patrimonio parece intimidante. ¿Qué hace el Estado? “No sabe qué hacer con él y termina percibiéndolo como un obstáculo”, señala Santiago Alfaro, un activo gestor cultural en Lima y miembro de Tandem, una consultora de cultura para el desarrollo.
También sucede que el Estado se calla. En cuatro semanas de insistentes llamadas y correos electrónicos al MEF y a la Sunat, no hubo nadie dispuesto a hablar con El Comercio de este tema.
CASO BRITÁNICO
El Reino Unido es considerado un caso ejemplar en la protección de su patrimonio. Es un país rico, es cierto, y no vamos a comparar sus gastos en cultura y protección de patrimonio. Comparemos la visión.
Según el Ministerio de Cultura, “proteger nuestro patrimonio es invertir en nuestro futuro”, y junto con las frases bonitas vienen los compromisos financieros y el apoyo. Para este año la inversión es de unos tres mil millones de dólares.
Para los pragmáticos británicos, el asunto está en financiar la cultura de distintas maneras: con recursos propios, con subsidio estatal, donaciones privadas, auspicios comerciales, convenios Estado-empresa y una variedad de estímulos fiscales. Como el más reciente: deducir un 10% del impuesto a la herencia si en el testamento se dona el 10% a aspectos culturales.
Un pilar fundamental de su financiamiento es la Lotería Nacional, que está a cargo de este ministerio. Por cada libra que el público gasta en la lotería, 28 peniques van a un fondo especial. El dinero se distribuye de la siguiente manera: 46% para salud, educación y medio ambiente; 18% para deportes; y 36% para artes y patrimonio.
Desde que se instaló el sistema, en 1994, la lotería ha provisto a este esquema un equivalente de más de 35 millones de dólares a la semana.
CASO PERUANO
En el Perú el panorama es otro. Mincetur regula los tragamonedas y casinos y recibe un 12% como impuestos. Pero de ese dinero, ninguna cantidad va a las artes o la cultura (ver cuadro).
Un caso todavía por dilucidar es el de la Tinka. Según datos del 2008, esta empresa mueve unos 40 millones de dólares al año, pero ni Mincetur ni el MEF o el Ministerio de la Mujer la fiscalizan. En su página web indican que un porcentaje del dinero va a la Beneficencia de Huancayo y de Jaén. Estamos pidiendo más información de parte de ellos.
Otro caso es el de Prom-Perú. La organización encargada de promover el país y su cultura recibe buena parte de sus fondos de un impuesto, autorizado según la Ley N° 27889, que le da US$15 por cada turista que entra al país por el aeropuerto. Según datos de esta oficina, eso equivale a unos 27 millones de dólares al año, o el 50% de su presupuesto anual.
LAS POSIBILIDADES
En el Perú las opciones que se proponen son varias. Para Santiago Alfaro, “se debe elaborar un sistema mixto de financiamiento, con incentivos fiscales para la empresa privada, nutrir el presupuesto público, extraer recursos de determinadas actividades económicas y ampliar los fondos concursables” (ver cuadro de opciones a la derecha).
Al final, todo parece indicar que no es un tema de falta de ideas o de dinero. Es una cuestión de decisión política, voluntad y visión. Según De la Puente, “ni el Estado puede proteger todo ni el privado tampoco. Se requieren alianzas”, y una nueva manera de entender la riqueza cultural de un país. Porque sin visión pasa lo que pasa con Garagay: uno de los más significativos templos de la antigüedad yace sin vida, cuando podría estar generando mucha.
SILENCIO EN EL MEF Y LA SUNAT
Por cuatro semanas se pidió información al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Sunat. Por alguna razón, nadie está dispuesto a hablar. Esto solo alimenta la visión de que la indiferencia del Gobierno asfixia y bloquea toda la potencialidad del desarrollo cultural en el Perú.
OPACIONES PARA CONSEGUIR FONDOS
Carga impositiva del 1% a cada obra pública.
Impuesto de 1% a actividades nocivas para la salud, como el alcohol y el tabaco.
Créditos fiscales para dueños de propiedades históricas.
Deducciones fiscales a toda la inversión para recuperar un inmueble.
Revisión de los ingresos provenientes de loterías y juegos de azar.
Lo que dice la ley de patrimonio
“Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado…” (Art. V, Ley 28296)
“El Estado promoverá la participación activa del sector privado en la conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación …” (Art. V, Ley 28296)
UNA PROPUESTA PARA LA CAPITAL
Es una campaña de este Diario que busca difundir la nueva información que sale a la luz sobre la ciudad prehispánica de Lima. Este trabajo quiere también sensibilizar al público y a las autoridades sobre el papel del patrimonio en una visión de desarrollo y ciudadanía. El 12 de enero de este año, la alcaldesa Susana Villarán firmó el decreto que declara a Lima Ciudad Milenaria-Ciudad de Culturas, y queda pendiente la ordenanza que lo convertirá en ley.
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